Avanza la instalación de buzones "antinarco" en el país

Por Juan Piscetta

"No es una idea original", advierte el periodista Germán Sasso (38), impulsor de la ordenanza que se aprobó el mes pasado en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Y es cierto. Cada vez son más os municipios y ciudades que deciden avanzar con la instalación de buzones "antinarco" donde los vecinos pueden denunciar, de manera anónima, a los transas que venden estupefacientes en los 
barrios.

La instalación de estos buzones, a los que se suman las líneas 0-800
o las nuevas apps, obedece a que muchos vecinos "no quieren 
denunciar en la policía por miedo o porque sospechan que 
están prendidos con algún narco", afirma Sasso, que dirige el
portal La Brujula 24. Pero también por desconocimiento o porque
no quieren "quedar marcados" cuando asisten a un juzgado para
formular una presentación penal.

En tiempos de desconfianza en las instituciones, los aportantes de
datos prefieren estos mecanismos para evitar cualquier tipo de exposición y posibles represalias.

A fin de garantizar un fácil y rápido acceso, las urnas tienden a 
colocarse en lugares públicos y sitios tan variopintos como sedes
municipales, esquinas céntricas, Iglesias, clubes sociales, centros de
jubilados y fundaciones, entre otros espacios de gran afluencia
ciudadana.

"Para realizar las denuncias anónimas los interesados deben 
escribir en un papel o rellenar un formulario indicando el nombre
del denunciado, la dirección exacta donde se comercializaría la droga
y una breve descripción del hecho o de la situación que se percibe en
el ese lugar", reza la normativa municipal bahiense.

Después de un plazo de dos semanas o de un mes, el contenido 
sellado de los cofres suele ser retirado y abierto por autoridades
judiciales o comunales, con la participación de vecinos o instituciones
civiles, dependiendo de la localidad que se trate.

"Tengo fe de que va a funcionar, con los whatsapp y los 
llamados anónimosque los vecinos me hacían en la radio ha
funcionado", señaló Sasso a Infobae, quien lleva en Bahía Blanca una 
militancia personal para que avancen las denuncias contra el 
narcomenudeo. Según su experiencia, el anonimato fue útil para llevar 
"muchos casos ante la Justicia federal u ordinaria" y que haya 
detenidos.

Bahía Blanca es uno de los tantos municipios que se sumaron a los
"Buzones por la Vida", como fueron bautizados en un comienzo y
que desde hace unos años se extienden por el país. Desde 2016, la
Mesa Interinstitucional contra el Narcotráfico, que coordina el
ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, le dio un nuevo
impulso a la colocación de estas cajas vecinales como parte de un plan
de seguridad que involucra a la sociedad civil y a la Justicia.

En algunos municipios bonaerenses de la oposición, la iniciativa llegó
de la mano del amigo del Papa y "laudatista" Gustavo Vera, titular
de la Fundación Alameda. En Esteban Echeverría, que conduce el
intendente peronista Fernando Gray, el municipio realizó una fuerte
campaña junto a Vera en apoyo a estas urnas.

En este grupo de jefes comunales aparecen también Gustavo Menendez (Merlo),Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Marina Fassi
(Cañuelas) o el macrista Ezequiel Galli (Olavarría). En el interior, ya
se colocaron cajones en Córdoba, Corrientes, Tucumán o Salta, entre
otras partes del país.

En la mayoría de los casos, los buzones no solo se usan para la lucha
contra el narcotráfico si no para radicar denuncias de otros delitos
como la trata de personas, la venta ilegal de armas, el trabajo 
esclavo y la explotación infantil.

No es una panacea

"No queremos convertirnos en Rosario", aseguró Sasso en
relación a Bahía Blanca y la flamante ordenanza. Sin embargo, Santa 
Fe fue pionera en el uso de esta metodología. Según pudo relevar 
Infobae, el primer buzón se instaló en 2004 en la localidad de Funes y 
paulatinamente se fue extendiendo en 2012 a partir del apoyo del ex
ministro de Seguridad provincial, Leandro Corti.

La experiencia en Santa Fe da cuenta que las urnas, si bien son un
instrumento de colaboración con la Justicia, no son suficientes para 
frenar el narcotráfico.

"Es una herramienta más de consulta y de expresión de la 
gente", afirmó a este medio el secretario de Seguridad Comunitaria
provincial, Ángel "Chichín" Ruani. "Ha sido positiva en la persecución
de los delitos, pero nosotros lo tenemos como una herramienta de 
participación más, no es una panacea de nada", agregó.

Para el funcionario santafesino, la eficacia de las urnas no solo
 depende de la actuación judicial y policial -que duran un mínimo de
4 y 5 meses de investigación-, sino de la promoción que hacen los
gobiernos locales, con actividades abiertas, cartelería y otras
estrategias de difusión.  "La solución de estos temas como el 
narcotráfico es más complicada", apuntó Ruani.

En el debate en Bahía Blanca, Walter Correa, edil de Unidad
Ciudadana, formulado dudas en torno a la iniciativa, hasta que
finalmente la acompañó. El proyecto fue aprobado por unanimidad
por el Concejo Deliberante local.

"Hay un reclamo muy contundente de distintos barrios respecto de esta
problemática, pero no creo que sea una solución, sino un intento
para ver si en conjunto se puede apuntar a disminuir el narcotráfico,
sin deslindar l responsabilidad de las agencias de seguridad en esta 
cuestión", opinó Correa

La persecución del narcomenudeo es el último eslabón de una cadena
regional y global. En 2016, el 48,5 % de los hogares argentinos 
percibían de manera directa o indirecta que en su barrio se
vendían drogas ilegales, según elObservatorio de la Deuda Social 
de la Universidad Católica Argentina(UCA). Seis años atrás, esa 
proporción era significativamente inferior, del 30 por ciento.

Esa sensación tiene una realidad: el consumo de estupefacientes 
se disparó especialmente entre los más jovenes. Entre 2010 y 2017,
la demanda se triplicó entre los chicos de entre 12 y 17 años según el
Estudio 2017 de Consumo de Sustancias Psicoactivas de Sedronar.

Fuente: infobae.com