Un área tan sensible como es la de la seguridad requiere una visión estratégica integral con eje en la prevención del delito y la violencia. Desalienta, entonces, que una parte sustancial de la mentalidad de nuestra dirigencia en la temática de la seguridad, presenta miradas obnubiladas, preocupadas, pero no ocupadas.
Primeramente, la Argentina no tiene una política criminal genuina. Se carece de un rumbo en las políticas públicas de seguridad. Falta saber cómo estamos científica y no intuitivamente, y qué herramientas son las superadoras para enfrentar una delincuencia que aumenta gradualmente, que muestra múltiples rostros, la mayoría violentos y que apareja el quebrantamiento físico, psíquico, patrimonial y social de quienes resultan ser sus víctimas. De gran ayuda para encontrar ese norte son las encuestas de victimización que un país o una urbe debe necesariamente confeccionar como soporte elemental de diagnóstico preciso.
Tampoco se gerencia la seguridad a través de la labor coordinada de las áreas del gabinete que también deben involucrarse (educación, salud, desarrollo social, justicia, infraestructura, trabajo, economía). Ni siquiera se encaran las políticas desde el entramado jurisdiccional nacional, provincial y municipal.
Se prescinde de la opinión y acción ciudadana como cogestionadora de las estrategias que deben establecerse en la materia. Se trata –ni más ni menos- de socializar y democratizar la discusión de la seguridad, con una usina estatal capacitada para interpretar y ejecutar las políticas a seguir en orden a las prioridades. Para ello el Estado –de cualquier nivel- debe tener legitimidad propia a través de mostrar actuaciones concretas, no semánticas. Es que no se puede construir capital social sin capital institucional. Porque las mejores prácticas demuestran que cuando la gente trabaja mancomunadamente se produce la apertura de sentimientos de confianza; se abren espacios de discusión y se alcanza un aprendizaje de la convivencia.
Resultaría superador que la confección de un plan programático surja de un acuerdo de todas las expresiones políticas, que garanticen su acompañamiento y sustentabilidad en el tiempo.
Asimismo, resulta esencial implementar un programa de mediación comunitaria, que es una herramienta para atenuar la violencia que hace que muchos ciudadanos diriman sus diferencias a través de comportamientos violentos. La evidencia científica de este mecanismo en donde el diálogo y la razón sustituyen a la agresión, muestra un promedio de entre 70% y 80% de acuerdos arribados.
Todo ello lleva necesariamente a la diagramación de programas sociales focalizados, principalmente dirigidos a niños y jóvenes vulnerables con o sin conflicto con la ley penal, a la violencia intrafamiliar y de género, a la prevención de adicciones, a la inserción escolar, a la reducción de armas de fuego, entre otros.
Urge fortalecer el trípode del sistema penal (justicia, policía, servicio penitenciario). Capacitarlo y modernizarlo. Hacerlo más dinámico, eficaz e inteligente. Si desde las administraciones tan sólo se continúa aumentando la dotación policial, se incrementa paulatinamente los patrulleros y se abre alguna cárcel más, como casi únicos recursos de gestión en seguridad, seguiremos retrocediendo frente al delito. Sí, es cierto que eso es efectista. Es mostrar algo rápido. Y a mucha gente le gusta porque lo puede ver, como quien ve un objeto. Pero mañana o pasado todo sigue igual. No hay una visión estratégica de la seguridad. El sistema penal solo no puede resolver un problema social y comunitario como el delito. Pero lo cierto es que los gobiernos no nos muestran otra cosa.
En la temática de la seguridad, más que una grieta hay un muro. Un muro coloreado. Con mecanismos que cuando uno los raspa en su gran mayoría son sellos de goma. Y en el piso una alfombra gigante limpia por fuera, sucia por debajo. Como para que no se note o no se sepa. Y sobran los títulos sin contenido. Las frases grandilocuentes. Los ceños fruncidos dando muestras de preocupación. Se escucha pontificar desde las tribunas.
Se han desarrollado muchas experiencias que muestran un camino organizado exitoso a corto, mediano y largo plazo. Pero la cuestión es cómo llevarlas a cabo. Las palabras arrojadas al viento que seguimos escuchando, dichas de manera lánguida o con estilo bravucón, no tienen destino, salvo el del continuismo fracasado en el área de seguridad.
Se torna imperioso sincerarse entre tanta mentira e ineptitud. Diseñar y poner en acción una política de seguridad con eje en la prevención es algo tan sencillo como apasionante. Pero exige una profesionalización y sensibilidad extremas.
Seguramente la ciudadanía argentina entenderá estas reflexiones, por experimentar y padecer la violencia, y por conocer la realidad circundante.
Esta exhortación preserva la memoria desde los tiempos legítimos, que marcan el reinicio de la democracia. Por eso mismo ya es hora del decir en base al hacer, pero sabiendo cómo. Porque sino seguiremos preguntando: ¿De qué seguridad nos hablan?
Abogado penalista, criminólogo. Director del CEPREDE.
Fuente: clarin.com
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