Valdrá la pena desmentir, en este escenario plagado de denuncias por graves hechos de corrupción y justicia bloqueada, algunas de las tantas falsedades que se dicen en política educativa? Parecería un ejercicio ingenuo frente al accionar de este gobierno y al silencio de miles de testigos claves.
La mentira sistemática y el miedo es el modo de construcción política que utiliza el kirchnerismo y su acción se torna perversa toda vez que sus afirmaciones desconocen a los actores, los convierte en algo peor que culpables, los hace superfluos frente a la historia y a la realidad.
No importan aquellos que pensaron y actuaron honestamente ni tampoco importan quienes deben recibir los beneficios de las políticas del estado. Solo interesa el poder y un relato hecho en eterno presente.
Si la educación pública en nuestro país brillara por su calidad y equidad, dejaría las aclaraciones sobre el pasado y sus contradicciones para los investigadores especializados en políticas públicas. Pero resulta que estamos en una franca decadencia educativa, con familias que huyen hacia las instituciones privadas sin más demanda que cierta disciplina y contención física, y el gobierno nacional y sus repetidores siguen escondiendo más de diez años de inacción propia, falseando el trabajo educativo realizado por quienes los antecedieron.
Días pasados, en el programa de Jorge Lanata en radio Mitre, el responsable del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires dijo que los alumnos ingresan a la universidad sin tener capacidades básicas de lectura y resolución de problemas matemáticos porque, entre otras cosas, en los años ‘90 se cerraron las escuelas técnicas y se eliminó la enseñanza de matemáticas en 4° y 5° año de la escuela secundaria (un disparate). En primer lugar, nadie cerró escuelas técnicas. Estas se fueron quedando casi sin alumnos a medida que en los años ‘70 se cerraban fábricas por las políticas de la dictadura.
En los ‘90 no sólo no se cerraron escuelas técnicas sino que, junto a las corporaciones empresarias y de trabajadores y a especialistas de todos los sectores productivos y de servicios, se elaboraron profundos cambios curriculares y nuevas tecnicaturas para que los jóvenes pudieran desempeñarse en renovados entornos laborales. Se promovía que también pudieran tener formación laboral los jóvenes de todas las secundarias en sus últimos tres años, denominado Polimodal, o cuando hubieran egresado del mismo, en campos como “Tiempo libre, Recreación y Turismo”, “Informática”, “Salud y Ambiente”, “Gestión Organizacional”, “Comunicación Multimedial” además de las tradicionales “Producción Agropecuaria”, “Equipos e instalaciones Electromecánicas”, “Industrias de Procesos”, “Electrónica” y “Construcciones” (Maestro mayor de obras).
La propuesta implicaba mucha inversión, cambios organizacionales fuertes, mejoras y ampliación de los perfiles docentes, articulación entre las escuelas y mucho trabajo de coordinación y conducción.
Recién en el año 1999, cien escuelas técnicas de todo el país fueron elegidas para comenzar la experiencia. Se esperaba la continuidad gradual en los sucesivos gobiernos. ¿Qué pasó? La Alianza, ahogada en una muy honda crisis política y financiera, poco y nada pudo aportar, y el kirchnerismo, con Daniel Filmus como ministro de educación y en acuerdo político con la CTERA, se ocuparon mucho más en denostar ideológicamente el pasado y en hacer nuevas leyes que en gestionar políticas educativas. Paralizaron la acción directa del ministerio en las provincias. Los fondos para inversión del ministerio de educación pasaron en su mayoría a ejecutarse en otras áreas como Infraestructura, ANSES y Acción Social.
Lo cierto es que las únicas directivas de política para las escuelas, particularmente en la rama técnica, fueron las diseñadas en los ‘90 y actualizadas bajo el modelo que se creó en el INET.
La paradoja es que en la etapa actual hay muchos más recursos para financiar la educación técnica, pero quedaron librados a la voluntad y capacidad de cada escuela. Estas escuelas deben presentar proyectos para su financiamiento, igual que para muchos programas del resto de las escuelas del sistema. Resultado: las que tienen capacidad, información y palanca política los ejecutan, las que no, siguen como están. Nadie evalúa los resultados.
Es decir que aquella política educativa acusada de “neoliberal” ampliaba la formación laboral para toda la secundaria, creía en la intervención del estado nacional para conducir un cambio concertado hacia la calidad y equidad, actuaba para todas las escuelas estatales y privadas, transparentaba sus resultados de cara a la sociedad, monitoreaba su trabajo y reformulaba la formación y carrera de los docentes, enfrentando intereses corporativos de los gremios, del sector privado de la enseñanza y de intereses políticos territoriales.
En cambio, este gobierno, autodenominado “progresista”, canceló la gestión e inauguró un supermercado de programas a los que las escuelas podrían acceder en determinadas condiciones, tal como haría un banco: “si quieren hacer cambios en sus instituciones presenten proyectos y nosotros evaluamos si son elegibles”.
Eso sí, a miles de jóvenes y adultos pobres les financian una oferta rápida de certificados de primaria y secundaria sin docentes, triste horizonte para los nuevos superfluos.
Susana Decibe fue ministra de Educación de la Nación.
Fuente: clarin.com
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