Debate.Gonzalo Mórtola
La realidad de las villas de la Ciudad no es ni más ni menos que el reflejo de lo que nos ocurre como sociedad, el reflejo de esta pérdida de valores que vemos día a día, que avanza y que parece no tener límites y a la que lamentablemente muchos habitantes se han acostumbrado. La irresponsabilidad del poder político, la falta de políticas públicas y el incumplimiento del rol de los diferentes poderes del Estado hacen que la solución a esta problemática sea muy compleja.
El caso de la villa 31 no es ajeno a esto. Es una villa que existe hace mas de 70 años, asentada en terrenos federales cuyo dominio pertenece al Estado Nacional, para ser más preciso son tierras de la Administración General de Puertos, del Ferrocarril y de YPF. Esto quiere decir que la responsabilidad de velar por estas tierras siempre fue del Gobierno Nacional, sin importar la bandera política o el gobernante de turno. Es el Gobierno Nacional, mientras sea el dueño de las tierras, quien tiene potestad y competencia permanente para resolver de forma definitiva el futuro de la villa.
El pedido de transferencia de tierras no es una excusa, no es una forma de “sacarse el problema de encima” ni mucho menos, de hecho es la forma de asumir el compromiso, ya que la transferencia de tierras no solo involucra la cuestión “del propietario”, este traspaso importa porque también permite regularizar los servicios públicos, agua, luz, gas, que hoy se encuentran regulados y subvencionados por el Estado Nacional, hacer apertura de calles, formalizar sus nombres e incluso para limitar su crecimiento. Para esto último es necesario todo el poder del Estado generando una reacción en cadena en la que se vean involucrados distintos órganos de Gobierno. La responsabilidad de controlar su constante crecimiento le corresponde tanto al GCBA como al Gobierno Nacional de manera proporcional, “igualdad entre iguales en iguales circunstancias” y a través de sus fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta que no podemos medir con la misma balanza una policía creada hace 6 años y con 6000 efectivos como es la Policía Metropolitana, con una policía que tiene 70 años de historia y más de 55 mil efectivos como es la Policía Federal, esto sin contar las restantes fuerzas Federales como son Gendarmería y Prefectura que en algunos sectores linderos al puerto tendría competencia. La responsabilidad no es de las fuerzas como instituciones sino del poder político de turno que debe tomar las decisiones.
Cuando hablo de Gobierno Federal o de Gobierno Autónomo, lo hago desde las responsabilidades objetivas del caso y entendiendo que en un sistema representativo, republicano y federal los funcionarios estamos de paso, que ningún trabajo tiene una fecha de vencimiento tan preestablecida como el nuestro y que el Estado somos todos y también ninguno de nosotros.
Gonzalo Mórtola
Coordinador Programa de Mejoras Villas 31 y 31 bis, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuente: clarin.com
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