El Estado no garantiza la cobertura al 100% de la gente. Sólo en el GBA hay unos 800 mil hogares en situación delicada. En ciudades de menos de 50 mil habitantes es clave el trabajo de las cooperativas.
En el país de los recursos naturales inabarcables, más de cinco millones de personas se enfrentan cada día a problemas para conseguir agua potable. Palean, diseñan sistemas de distribución y hasta caminan para saciar sus necesidades mínimas. No se trata de una situación de sequía y sed sostenida, sino de dificultades para acceder al suministro de red porque el Estado no logra garantizar la cobertura total al 100% de la población. Esas son las conclusiones de un informe de la Fundación Avina, sobre registros de la Confederación Nacional de Cooperativas de Agua Potable.Los números del Censo 2010, presentados la semana pasada, además de confirmarlo, lo desmenuzan: en 1.134.555 hogares se consume agua con bomba de motor; en 23.307, con bomba manual; en 109.811, se saca del pozo sin un dispositivo específico; en 28.407, por sisterna; y en 27.066 consumen agua de lluvia o de cursos de agua naturales. En total, el 16% de las casas no tiene agua de red.
En ese escenario de focos múltiples que se extiende del Noroeste a la Patagonia, con cuadros de mayor o menor gravedad, resulta vital el trabajo de una red de más de 800 cooperativas que procuran abastecer a las comunidades más necesitadas en el interior del país. Son clave en ciudades de menos de 50 mil habitantes y su trabajo es muchas veces exitoso, pero también insuficiente por falta de recursos y financiamiento. “Si no existieran estas cooperativas –opina Pablo Vagliente, responsable del Programa de Acceso al Agua de Avina–, esas personas no tendrían el recurso y el Estado tendría que generar una respuesta a la demanda de servicio”.
El otro problema es el agua contaminada. En muchos lugares, donde el agua viene saturada, por ejemplo, de arsénico, son las cooperativas las que filtran el líquido y lo vuelven apto para consumo.
El agua es un derecho humano (la Argentina adhirió en la ONU junto a otros 147 países a esa declaración), pero también un bien de cambio. Por lo tanto, aunque suene contradictorio, le caben las reglas generales del comercio. “Las grandes ciudades son abastecidas por empresas estatales provinciales o empresas privadas concesionadas en los años ’90. Pero a muchas poblaciones, el agua no llega porque a las concesionarias no les parece rentable ”, dice Vagliente. “Es ahí donde las cooperativas operan”, continúa. “Pero les falta financiamiento: no logran tener acceso a créditos blandos para cambiar cañerías o arreglar roturas y pérdidas, y muchas veces una simple rotura deja sin el recurso a la población”, agrega.
Cuando el agua escasea, o cuando los mecanismos establecidos para conseguirla fallan, se disparan situaciones de conflicto como la que atravesó Ushuaia el último mes. Una falla por congelamiento en la red de cañerías dejó sin agua al 60% de la población en pleno invierno. El primer efecto fue el de la incertidumbre frente a la falta del recurso para el aseo personal y los hábitos indispensables, pero luego hubo que cerrar escuelas, comercios y hoteles.
Las autoridades articularon un operativo de emergencia para distribuir bidones a los habitantes de los barrios más afectados y se vivieron situaciones de tensión entre bomberos y vecinos por las cantidades repartidas, al parecer insuficientes. El pico de la protesta se dio cuando varios vecinos, tras convocarse por las redes sociales, hicieron un cacerolazo en la puerta del Ministerio de Obras Públicas.
En Jardín América, provincia de Misiones, hay agua gracias al trabajo de la Cooperativa que dirige Ernesto Faccendini. Desde 1998 la captan de un arroyo, la bombean hasta una planta de tratamiento, la filtran y vuelven a bombearla para distribuirla a unas 5.100 viviendas, que pagan 44 pesos cada 10 metros cúbicos (diez mil litros). “A más consumo, más se paga. Castigamos el derroche porque tenemos que cuidar el recurso. Pero también hay barrios de gente carenciada, que se abastece con canillas públicas”, explica Faccendini.
“Como no pueden pagar el agua en su domicilio, la municipalidad pone una canilla pública y la gente va hasta esa canilla y carga con baldes. A otros lugares se lleva agua en bidones”, dice.
La situación se complica en verano, cuando llega la sequía y la demanda crece. “El arroyo de donde traemos el agua desaparece cuando hay una sequía. En el 2009 casi no teníamos excedente y tuvimos que prohibir lavar veredas y autos y consumir de más. Tenemos el río Paraná cerca, pero para extendernos hasta ahí necesitamos una inversión de más de 20 millones de pesos. Otra es ir al Acuífero Guaraní, pero perforar es muy costoso. Sin ayuda estatal, no podemos”.
En Córdoba, José Bongiorno dirige la cooperativa de servicios públicos Unquillo Mendiolaza Limitada, que abastece a La Calera, Salgán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos: 35 mil habitantes. “Tomamos el agua de dos diques, pero uno ahora está seco. Ha dejado de llover más de la mitad de lo que tiene que llover en un año y eso repercute en que nosotros cortamos el agua dos días por semana, las 24 horas, hasta fines del año pasado. Ahora los cortes siguen pero son de 12 horas”.
Los casos se repiten. “El agua cruda que obtenemos presenta niveles de concentración de arsénico y fluor superiores a los límites permitidos para la salud, por lo tanto debemos tratarla antes de la distribución, que es por una red de cañerías de 1970 en un grado muy avanzado de deterioro”, dice el ingeniero Marcelo Crespi, de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Coronel Moldes. “Abastecemos a 4 mil socios. Pero en la actualidad la situación económica de la cooperativa impide afrontar la renovación de la red y costear la obra de la planta potabilizadora. La comunidad necesita una mejora de la calidad del agua, pero carece de recursos porque no hay subsidios”.
Pero no hay que alejarse tanto. El área metropolitana también aparece sembrada de problemas por el agua. La empresa pública AySA garantiza el suministro en la Capital Federal y 17 partidos del Conurbano bonarense (atiende a más de 25% de la población). Sin embargo, según datos de la ONG Espacio Agua, en el Gran Buenos Aires hay 800 mil hogares en situación delicada. En varias casas de Esteban Echeverría o Almirante Brown, según denuncian los vecinos, el agua sale marrón y contra eso todavía no hay recetas.
Fuente: clarin.com
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