Lic. Santiago HaydenHace unos años que las cuestiones ambientales han tomado más relevancia entre la sociedad, los medios de comunicación y los gobernantes, incorporándose gradualmente a la agenda pública. Es un fenómeno que se manifiesta a nivel mundial y también en la Argentina.
Temas como la cuenca Matanza-Riachuelo, la deforestación de los bosques del norte del país, la minería a cielo abierto, la utilización de agroquímicos, son sólo algunos de los temas que se han ido instalando, poco a poco, como demandas de la sociedad para que sean objeto de debate público.
Si bien las cuestiones ambientales no reconoces límites jurisdiccionales, podríamos decir que las mencionadas anteriormente son pertinentes a ciertas provincias o regiones. Sin embargo, hay algunas que son comunes a todas y cada una de las aglomeraciones urbanas, como por ejemplo la basura. La sociedad ha comenzado a considerar al tratamiento de la basura, especialmente la domiciliaria, como un grave problema ambiental. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios que la componen ostentan este problema y lo abordan con mejores o peores acciones. Los responsables del tratamiento de los residuos domiciliarios son los gobiernos municipales, y no el de la provincia o de la nación.
La mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires recogen los residuos domiciliarios y los arrojan en un basural a cielo abierto. Este tipo de tratamiento es el más económico en términos de dinero, pero tiene como consecuencia grandes problemas ambientales y sanitarios. Contaminación del suelo, del aire -por los olores y gases emitidos por la descomposición- y del agua –debido al escurrimiento del agua de lluvia que, al hacer contacto con los residuos, se filtra hasta las napas más superficiales-, y problemas sanitarios para la población que vive en las cercanías de los basurales son los resultados de esta tradicional práctica.
Si bien las cuestiones ambientales son competencia de las provincias, la nación tiene la facultad de dictar leyes de “presupuestos mínimos” o “pisos mínimos” a las que la legislación de cada de provincia se debe adecuar. Así, en el 2004 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y en 2006 la provincia de Buenos Aires sancionó su propia ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En esta ley se definió en el artículo dos a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) como “el conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable”. Como principios rectores de la ley se introduce a la separación en origen, es decir, la clasificación de los residuos en los lugares donde se generan; la valorización, que son los procesos de reutilización y reciclaje de los residuos, y la minimización, que consiste en reducir la cantidad de residuos generados. Uno de los artículos más importantes es el noveno que dictamina, cuando cada municipio presente su Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que se erradiquen los basurales a cielo abierto.
Como se dijo más arriba, el manejo de los residuos es un problema en casi todos los municipios de la provincia. Para cumplir con la ley y realizar un tratamiento de la basura menos dañino al ambiente y a la salud de la población, se debe contar con un elemento que no sólo es necesario, sino indispensable para cualquier intento de cambio: la voluntad política. Es determinante para afrontar este problema y encarar algún tipo de solución. Pero la voluntad política del partido o dirigente que ostente momentáneamente el Poder Ejecutivo de un municipio no es suficiente. Las políticas en materia ambiental son a largo plazo y es muy probable que el proceso para solucionar un problema demore más de una gestión. Por tal motivo es necesario el debate y la formulación de consensos entre todos los espacios políticos para que, de cambiar el partido gobernante, la política pueda seguir adelante y no se tire por la borda todo lo que se hizo hasta el momento.
Por otro lado, las propuestas de los gobernantes para abordar cuestiones ambientales suelen traer oposiciones rotundas de una parte de la ciudadanía debido a la desconfianza en la clase política. El desconocimiento y la desconfianza generan, a veces con razón, el rechazo ciego a determinadas líneas de acción. Es por ello que resulta imperioso incorporar a la sociedad en el debate sobre el manejo de los residuos domiciliarios. Se los debe incluir y debatir junto a ellos sin que signifique que se debe hacer lo que la ciudadanía pretenda a cualquier precio. Para ello se debe brindar información clara y de calidad para que todos los actores involucrados en el debate -gobernantes, partidos de oposición, sociedad- puedan tomar posiciones, fundamentarlas correctamente y no basarse en desconfianzas, malos entendidos o desconocimiento.
Desde el momento cero en que se decide mejorar el sistema de tratamiento de los residuos domiciliarios, se debe saber que cualquier otro tipo de manejo es más costos. Requiere una importante inversión inicial y, posteriormente, un flujo continuo de recursos mayor al del tratamiento tradicional. Para el inicio de las obras de infraestructura o compra de maquinarias necesarias para un tratamiento más complejo, es imperiosa la ayuda económica por parte del gobierno provincial o del nacional. Sin ella resultaría casi imposible para pequeños municipio emprender un sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Para el tratamiento de los residuos existen diferentes tipos de tecnologías y procesos que dependen de la cantidad de basura a tratar, la cantidad de recursos económicos con la que se cuenta, etc. Es por eso que por cada municipio hay una o varias opciones de tratamiento para sus residuos. Sin embargo, la ley provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos permite a los municipios la formación de regiones para el aprovechamiento de economías de escala. Así, varios municipios chicos que generan cada uno una pequeña cantidad de basura y que ello no les permite el uso de tecnologías apropiadas por su pequeña escala, pueden unirse y encarar soluciones de tratamiento adecuadas.
Solucionar el mal manejo de los residuos y terminar con la práctica de los basurales clandestinos no es una tarea fácil. Voluntad política, debate público incorporando a los demás actores políticos y a la ciudadanía, información clara, y ayuda para el financiamiento son las claves para la realización de los procesos. Es complejo articular todos estos factores pero es necesario hacerlo para darle a la sociedad una mejor calidad de vida.
Fuente: saltoenred.com.ar
La mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires recogen los residuos domiciliarios y los arrojan en un basural a cielo abierto. Este tipo de tratamiento es el más económico en términos de dinero, pero tiene como consecuencia grandes problemas ambientales y sanitarios. Contaminación del suelo, del aire -por los olores y gases emitidos por la descomposición- y del agua –debido al escurrimiento del agua de lluvia que, al hacer contacto con los residuos, se filtra hasta las napas más superficiales-, y problemas sanitarios para la población que vive en las cercanías de los basurales son los resultados de esta tradicional práctica.
Si bien las cuestiones ambientales son competencia de las provincias, la nación tiene la facultad de dictar leyes de “presupuestos mínimos” o “pisos mínimos” a las que la legislación de cada de provincia se debe adecuar. Así, en el 2004 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y en 2006 la provincia de Buenos Aires sancionó su propia ley 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. En esta ley se definió en el artículo dos a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) como “el conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable”. Como principios rectores de la ley se introduce a la separación en origen, es decir, la clasificación de los residuos en los lugares donde se generan; la valorización, que son los procesos de reutilización y reciclaje de los residuos, y la minimización, que consiste en reducir la cantidad de residuos generados. Uno de los artículos más importantes es el noveno que dictamina, cuando cada municipio presente su Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que se erradiquen los basurales a cielo abierto.
Como se dijo más arriba, el manejo de los residuos es un problema en casi todos los municipios de la provincia. Para cumplir con la ley y realizar un tratamiento de la basura menos dañino al ambiente y a la salud de la población, se debe contar con un elemento que no sólo es necesario, sino indispensable para cualquier intento de cambio: la voluntad política. Es determinante para afrontar este problema y encarar algún tipo de solución. Pero la voluntad política del partido o dirigente que ostente momentáneamente el Poder Ejecutivo de un municipio no es suficiente. Las políticas en materia ambiental son a largo plazo y es muy probable que el proceso para solucionar un problema demore más de una gestión. Por tal motivo es necesario el debate y la formulación de consensos entre todos los espacios políticos para que, de cambiar el partido gobernante, la política pueda seguir adelante y no se tire por la borda todo lo que se hizo hasta el momento.
Por otro lado, las propuestas de los gobernantes para abordar cuestiones ambientales suelen traer oposiciones rotundas de una parte de la ciudadanía debido a la desconfianza en la clase política. El desconocimiento y la desconfianza generan, a veces con razón, el rechazo ciego a determinadas líneas de acción. Es por ello que resulta imperioso incorporar a la sociedad en el debate sobre el manejo de los residuos domiciliarios. Se los debe incluir y debatir junto a ellos sin que signifique que se debe hacer lo que la ciudadanía pretenda a cualquier precio. Para ello se debe brindar información clara y de calidad para que todos los actores involucrados en el debate -gobernantes, partidos de oposición, sociedad- puedan tomar posiciones, fundamentarlas correctamente y no basarse en desconfianzas, malos entendidos o desconocimiento.
Desde el momento cero en que se decide mejorar el sistema de tratamiento de los residuos domiciliarios, se debe saber que cualquier otro tipo de manejo es más costos. Requiere una importante inversión inicial y, posteriormente, un flujo continuo de recursos mayor al del tratamiento tradicional. Para el inicio de las obras de infraestructura o compra de maquinarias necesarias para un tratamiento más complejo, es imperiosa la ayuda económica por parte del gobierno provincial o del nacional. Sin ella resultaría casi imposible para pequeños municipio emprender un sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Para el tratamiento de los residuos existen diferentes tipos de tecnologías y procesos que dependen de la cantidad de basura a tratar, la cantidad de recursos económicos con la que se cuenta, etc. Es por eso que por cada municipio hay una o varias opciones de tratamiento para sus residuos. Sin embargo, la ley provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos permite a los municipios la formación de regiones para el aprovechamiento de economías de escala. Así, varios municipios chicos que generan cada uno una pequeña cantidad de basura y que ello no les permite el uso de tecnologías apropiadas por su pequeña escala, pueden unirse y encarar soluciones de tratamiento adecuadas.
Solucionar el mal manejo de los residuos y terminar con la práctica de los basurales clandestinos no es una tarea fácil. Voluntad política, debate público incorporando a los demás actores políticos y a la ciudadanía, información clara, y ayuda para el financiamiento son las claves para la realización de los procesos. Es complejo articular todos estos factores pero es necesario hacerlo para darle a la sociedad una mejor calidad de vida.
Fuente: saltoenred.com.ar
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