Los atentados contra Clarín y La Nación

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Una movilización, aparentemente impulsada desde algunos sectores del Gobierno argentino, impidió que el domingo pueda circular...
 el periódico Clarín de Buenos Aires y lo haga con retraso La Nación, los dos matutinos más importantes de ese país y que se encuentran entre los más leídos de América Latina. Pese a instrucciones emanadas del Poder Judicial para resguardar esa distribución, en virtud de una disposición que prohíbe el ataque a medios, la Policía, que depende directamente del Gobierno, no impidió la agresión. De esa manera, se ha cometido un atentado más en contra de la libertad de expresión e información en un país que no logra, lamentablemente, consolidar un sistema democrático moderno, participativo y transparente.


Más allá de la solidaridad moral con los ejecutivos, periodistas y trabajadores de ambos medios, con los que se mantiene una antigua amistad y colaboración, lo que ha sucedido obliga a quienes vivimos en esta región del mundo, y bajo gobiernos similares, a plantear la necesidad ineludible de insistir en que una base fundamental del sistema democrático —y más si pretende ser participativo y plurinacional— es el respeto a las libertades de pensamiento, opinión e información, elementos fundamentales para el buen desarrollo de las sociedades y la sana convivencia.

La crisis del sistema político-partidario que en Argentina ha terminado con la aparición de gobiernos con mucho apoyo popular, pero que, por una combinación perversa de una tradición autoritaria y caudillista y crecientes brechas entre ricos y pobres, han abierto puertas a proyectos políticos cuyos conductores se muestran obsesionados por la búsqueda del poder total y sienten en cualquier crítica a sus gestiones un acto de traición intolerable.

Además, como no termina de nacer un nuevo sistema político que permita una sana convivencia democrática, las autoridades ven en los medios de comunicación a sus opositores cuando no a simples grupos de interés que están empeñados en mantener privilegios a costa de lo que ellos creen que es el interés nacional. El caso más extremo en la región es, sin duda, Venezuela, donde, de acuerdo con el filósofo comunicador Antonio Pasquali, dos teleemisoras regionales más una nacional y 36 radioemisoras han sido clausuradas, y se han contado alrededor de 1.750 atentados a la libertad de expresión con ocho muertos. Por la contraparte, “en menos de 10 años, Chávez ha exigido cadena más de 2.100 veces y ha hablado por radio y televisión por más de 4.000 horas”.

En este contexto, el bloqueo a Clarín y a La Nación no hace más que confirmar que hay políticas explícitas para impedir la libre circulación de información y opinión y, de esa manera, convertir a la voz de la autoridad en la única válida en la sociedad, posición que no sólo atenta contra los derechos humanos, sino también contra la realidad. El avance sostenido en la creación de diversos medios de información impide que sea posible coartar estas libertades impunemente y que más tarde que temprano los pueblos, finalmente, salen por los fueros de la libertad, como está sucediendo en Oriente Medio o África y sucederá en nuestros países si se mantiene la política que se comenta.
 
Fuente: laprensa.com.bo