Por Robustiano Pinedo
PERFIL recorrió las zonas más golpeadas por la miseria y la discriminación. Compatriotas que no son escuchados. Funcionarios que atribuyen las denuncias a “operaciones mediáticas”. Y las increíbles internas entre jurisdicciones que bloquean la inauguración de un hospital ya construido, imprescindible para combatir este flagelo.
El cacique de la etnia guaraní apretó fuerte los ojos. La cara se le llenó de surcos y de arrugas. Inclinó un poco su cabeza y largó un llanto mudo. “Hace años vengo luchando y seguiré haciéndolo, pero todavía tengo que pedir que nos reconozcan como argentinos”, dijo. Mario Fiorito, cacique de la comunidad de Villa Rallé, al costado de la Ruta Nacional 34, en la localidad de Pichanal, llora cuando habla del hambre. Fiorito es la voz de una de las cientos de comunidades aborígenes del chaco salteño, en donde más se palpa la crisis alimenticia que sufre la provincia. En lo que va del año, nueve chicos menores de tres años perdieron la vida en Salta por causas asociadas a la desnutrición. PERFIL recorrió algunas de las zonas más críticas de esta realidad dolorosa.
Según el gobernador, Juan Manuel Urtubey “son más de 100 mil los niños que se encuentran bajo control de los planes nutricionales del Gobierno: Plan Alimentario Nutricional, Nutrivida, Nutrivínculo y Tarjeta Social”. Al reflejar los medios las primeras muertes, el joven mandatario justicialista había argumentado que todo se trataba de una “operación mediática”, pero días después montó un operativo sanitario con más de cien agentes en las regiones más afectadas. También dispuso el traslado, dos veces en una semana, de su gabinete a la ciudad de Tartagal, de donde eran oriundos cuatro de los niños muertos. El ex director del hospital de esa localidad, Rubén Tapia, les dijo a medios locales que en Tartagal no hubo, “en lo que va del año, fallecimiento por desnutrición, pero sí por deshidratación”. Tres días después renunció a su cargo. Consultado, el director del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales y ex ministro de Salud durante la gobernación de Juan Carlos Romero, Carlos Ubeira, opinó que “la deshidratación está vinculada a la desnutrición”. Según Ubeira, “si querés tapar los índices de desnutrición, lo mejor es decir que murieron por deshidratación”. Tres de los cuatro gerentes de los hospitales más importantes de la zona confirmaron a PERFIL que “hay desnutrición” y marcaron “carencias en el sistema de atención primario de la Provincia”. Según Julio Moreno, el director del hospital de Orán, la segunda ciudad más poblada de Salta, “el 5% de los chicos internados tiene problemas de desnutrición”.
Esta semana arribaron dos pediatras, dos nutricionistas y un licenciado en enfermería provenientes del Hospital Garrahan de Buenos Aires y se entregaron mercaderías en comedores a los que asisten más de 1.700 niños de entre 2 y 5 años. Como ejemplo, el hospital de Morillo, en el departamento de Rivadavia Banda Norte, tiene un área de cobertura de 12.500 kilómetros cuadrados. Sus seis médicos y 26 enfermeros asisten a una población de más de 10 mil habitantes.
Pichanal desnudó la trama. La muerte de la aborigen wichi Teresa Ortiz, de 40 años, oriunda de la localidad de Dragones, encendió en diciembre la primera alarma. El acta de defunción hablaba de “paro cardio-respiratorio por desnutrición”. Semanas más tarde se supo que en una de las localidades más pobres de Salta, como es Pichanal, en el departamento de Orán, a 255 kilómetros de la capital salteña, se habían atendido cuarenta casos de desnutrición en enero de este año. Es época de lluvias. A unos kilómetros de Pichanal, el río Bermejo corre cargado y marrón: “Viene de banda a banda”. Ya pasaron las flores de los lapachos y los palos borrachos y llegó la temporada de mosquitos. Las temperaturas pueden superar los 50 grados y los caminos se cortan por las lluvias. Así es el chaco salteño.
La gerenta del hospital de Pichanal, Judith Toro Torres contó que “de los cuarenta casos, sólo dos chicos tuvieron que ser internados”. Sin embargo, el cacique guaraní, Mario Fiorito, cuya comunidad está formada por 480 familias, y el gerente del hospital de Orán, Julio Moreno, confirmaron que hay “al menos cinco internaciones de menores de Pichanal”.
María Camacho tiene un chico desnutrido de 15 meses. “Me preocupé porque veía que no engordaba”, dice. Vive en Villa Rallé, a unos metros de la Ruta Nacional 34. El barrio no tiene cloacas. Las instalaciones de agua y luz son caseras. Las casas tienen piso de tierra, paredes de madera y lona. El barro cubre las calles en esta época del año. La comunidad, además, está asentada sobre un gasoducto. Camacho, que tiene nueve hijos, es una de las miles de mujeres salteñas que recibe 50 pesos mensuales en tickets de alimentos. El “ticket”, como le dicen, indica que en esa familia hay un chico con bajo peso. Su marido trabaja en una finca en la localidad vecina de Embarcación, en donde cobra 40 pesos por día. “Desde que nació que tenía problemas, por eso voy todos los jueves a la salita de primeros auxilios”. Ahí, una vez por mes le entregan un kilo de leche en polvo.
El llanto del cacique. Un camión del Ministerio de Salud de la Nación, equipado con consultorios, remedios y profesionales, estuvo dos días recibiendo gente en Villa Rallé. Aunque no cuentan con pediatra, los cuatro psicólogos, dos médicos clínicos y dos enfermeros pesaron y registraron a todos los que se acercaron. “Pichanal, con casi 30 mil habitantes, tiene un sólo psicólogo”, contó uno de ellos. Según explicaron, “hay mucha demanda de las madres y nosotros tratamos de enseñarles cuales son sus derechos y los de su hijo”. Los profesionales se negaron a informar el número de niños con bajo peso que habían registrado: “Eso pedíselo al ministerio”. El cacique Fiorito se acercó a controlar la tarea de los médicos. A sus 70 años, dice que es la “primera vez” que ve “tanto dotor junto”. Fiorito dice que hay seis chicos internados por desnutrición que pertenecen a su comunidad. “Las madres en esta época se van a sembrar tomates y los chicos quedan abandonados. Siempre pedimos una guardería, pero no tuvimos suerte”, cuenta. Según Fiorito, “en Villa Rallé viven hasta siete familias por lote”. Una empresa que transporta gas está construyendo el Barrio Nueva Jerusalén para mudar a los vecinos que están instalados sobre un gasoducto. “El problema es que somos 480 familias y van a hacer 400 casas y eso que nosotros les entregamos nuestros terrenos”. Mientras recordaba la historia de su comunidad y los carnavales de antaño en donde se lucía como bailarín de Pin Pin, el cacique se quiebra. “Seguimos esperando que nos reconozcan como argentinos”, dijo.
Seis médicos, 10 mil personas. El pueblo de Coronel Juan Sola, en el departamento de Rivadavia Banda Norte, queda a casi 400 kilómetros de Salta capital. Está sobre la Ruta Nacional 81, asfaltada hace tan sólo tres años, que une Salta con Formosa. La población, en su mayoría es de la etnia wichi. Este año tres chicos de ahí perdieron la vida a causa de la desnutrición y dos chiquitos se encuentraban en la terapia intensiva del hospital de Orán hasta el cierre de esta edición.
Morillo, como le dicen al pueblo por el nombre que tenía la estación de un tren que no pasa hace más de 25 años, está en el corazón del chaco salteño.
En el monte chato donde todavía reinan unos solitarios quebrachos viven 19 comunidades aborígenes. El hospital de Morillo tiene un área de cobertura de 12.500 kilómetros cuadrados. Bajo su cargo está el centro de salud de la localidad vecina de Los Blancos, donde hace dos años se registraron gran cantidad de casos de dengue, y seis puestos sanitarios. Las 118 personas del hospital, de los cuales seis son médicos y 26 enfermeros, asisten a una población de más de 10 mil habitantes. Tienen dos motos para recorrer los puestos y cuatro ambulancias, de las cuales dos están en reparación.
La gerenta, Fernanda Siuffi, estima que desde enero hasta la fecha llevan atendidos más de 150 niños con algún tipo de déficit nutricional. “La diarrea es la patología que se espera en esta época del año. Es normal. Pero hoy atendí cuatro casos de diarrea y ninguno estaba desnutrido”, dice. A pesar de eso, la doctora reconoce que “hay una emergencia” y ve con buenos ojos la próxima llegada del operativo que montó la provincia con más de cien agentes sanitarios. “Viene muy bien este plan porque las áreas operativas quedan chicas para la cantidad de habitantes”, remarca.
María Nélida Paz, aborigen wichi de la misión La Cortada, vive en Morillo y ve caer la lluvia desde el piso de una galería. Tiene 10 hijos y cobra el plan nacional que se les da a las madres con más de siete chicos. Su hija de 18 años, Griselda Albornoz, tiene una beba de un año con desnutrición. Es su segundo bebé. “Está enfermita hace seis meses y pesa 7,4 kilos desde entonces”, cuenta a PERFIL. Griselda no recibe el “ticket” de 50 pesos. “Es difícil sacar turno. Hay días que dan diez números por médico. Recién cuando se está muriendo te atienden”, explica María Nélida.
Al cacique de la misión La Cortada, Hugo Jaime, le gustaría saber cuál es la causa de la diarrea. “Sabemos que les agarra diarrea y se mueren, pero no sabemos por qué y nadie nos sabe decir si es el agua o qué”, relata al cubierto de la lluvia en la cocinita que montó con cuatro postes y una lona. Dos perros flacos se acurrucan al lado de un fuego que calienta una pava negra. “Derivan muy tarde, ya a última hora”, explica. Jaime piensa que “ayudaría mucho tener un auxiliar bilingüe en el hospital” para que ayude a interpretar a los médicos lo que sienten los aborígenes. “Es bien difícil el castellano para nuestras mujeres. Será por timidez o porque les cuesta ¿Qué será?”
“Estamos olvidados.” Cuatro de los nueve chicos muertos por desnutrición en Salta eran de Tartagal. PERFIL estuvo en la comunidad wichi Lapacho 2, a unos pocos kilómetros del pueblo. Su cacique, Alejandra Morales, está dirigiendo una obra que le dará agua a la misión después de tres meses. “La Municipalidad puso la manguera y nosotros hacemos los pozos”, dice. El operativo provincial que dispone de cien agentes sanitarios pasó cerca de Lapacho 2, pero no llegó. “Están repartiendo sales hidratantes pero nadie sabe cómo usarlas”, dice. Para Morales “el hospital queda lejos y es muy difícil conseguir turno”. Por eso pide que “un pediatra, un ginecólogo y un médico clínico se instalen en la salita de primeros auxilios que tenemos acá”.
A unos metros de ahí existe un hospital nuevo construido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que fue terminado hace un año, pero que por una disputa entre la provincia y el municipio sigue sin estrenarse. “Encima el año pasado el agente sanitario no apareció por cuatro meses”, cuenta Morales. El maestro auxiliar bilingüe de la comunidad, Manuel Pereyra, denuncia que “a los aborígenes no les hacen estudios, les dan una aspirina o inyección y los mandan derecho a la casa”. Según Pereyra será fundamental implementar un auxiliar bilingüe.
La joven Paula Marlen Díaz es la madre de una de las chiquitas muertas por desnutrición. Salió de una toldería sin paredes y se perdió rápido entre un grupo de mujeres wichis que estaban sentadas en ronda. “No habla bien el castellano”, explica su tío Marcelino Pérez, que es agente sanitario en otra comunidad aborigen de la zona. Según Pérez, a la beba de seis meses “le dieron paracetamol y jarabe para la tos. Después le dijeron que se podía ir sin hacerle ningún estudio y al otro día se murió”. La cacique Morales apuntó que “en el hospital las enfermeras se tapan la nariz cuando atienden a un aborigen”. Pérez afirma que es cierto y agrega que “los wichis no se pueden defender porque no tienen educación”. Pérez hace una pausa y después concluye: “Nos tienen olvidados y no quieren que podamos aprender por nuestra cuenta”.
Caciques preocupados. El martes pasado, el presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) Indalecio Calermo, se juntó con Urtubey y le reclamó “la incorporación de enfermeras aborígenes en los hospitales; aumentar el suministro de medicamentos ambulatorios; otorgar al Ippis la distribución de un cupo de viviendas y la construcción de un espacio adecuado para el desarrollo y comercialización de artesanías”.
El dirigente wichi había intentado ver a Urtubey en Tartagal el día que el mandatario convocó de urgencia allí a todo su Gabinete, pero el personal de seguridad y de ceremonial le impidió el ingreso al recinto donde se encontraban los funcionarios. Calermo dice sentirse “totalmente discriminado; no me permiten el ingreso a esa reunión donde se están tratando temas relacionados con los aborígenes simplemente porque soy indio”.
Calermo lleva más de treinta años en el Ippis y fue reelecto en diciembre, en medio de denuncias de “irregularidades” por parte de su principal contrincante, Pablo Solís. Los caciques de las comunidades de Villa Rallé, en Pichanal; La Cortada, en Morillo y Lapacho II, en Tartagal coincidieron en criticar a Calermo. “No consulta a los demás caciques y decide sólo con el gobernador”, dice Alejandra Morales, la cacique wichi de Lapacho II. En la misma línea, Mario Fiorito critica que “Calermo todavía no pasó a ver que estaba pasando con los chicos desnutridos”.
Fuente: diarioperfil.com.ar
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