La culpa la tiene el otro

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Escribe Fernando Laborda


Cuando no se sabe qué hacer frente a un problema, uno de los recursos más...
 frecuentes en la política argentina es echarle la culpa al otro. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Y esta vez le tocó a la Justicia.


La Presidenta no fue del todo original. Recurrió al viejo manual kirchnerista y seguramente recordó que su esposo, no hace mucho, también descargó sobre los jueces la responsabilidad por el aumento de la inseguridad.

Allá por septiembre, Néstor Kirchner reprendió públicamente nada menos que al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, por ser supuestamente blando con los jueces provinciales cuyas acciones, según dijo el ex presidente, permiten que los delincuentes "entren por una puerta y salgan por otra".

Ayer, al lanzar el Plan Centinela, también pergeñado por Néstor Kirchner pocos días antes de su fallecimiento, la primera mandataria se quejó de que haya personas que "agreden, tiran piedras y se enfrentan" con las fuerzas de seguridad "delante de las cámaras de todos los canales de televisión" y, sin embargo, "no tienen ningún pedido de captura" de los jueces.

Seguramente, habrá alguna o mucha responsabilidad en los magistrados. Pero cabe preguntarse por qué no se captura a esos delincuentes que actúan delante de las cámaras de TV en el momento en que cometen sus tropelías. Es lo que ocurriría en cualquier país donde el Estado es un garante efectivo del orden público.

La respuesta de lo que pasa en la Argentina se halla en las propias palabras de la presidenta Cristina Kirchner pronunciadas durante el acto por el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, cuando admitió tácitamente que la policía no está en condiciones de garantizar el orden sin tener que reprimir brutalmente o matar.

Fueron esas declaraciones una confesión de parte del fracaso de una política que se extendió a lo largo de los últimos siete años. En tanto tiempo, desde que Néstor Kirchner asumió el poder, en 2003, el Gobierno no fue capaz de construir una policía profesional y eficaz. Y ahora el mismo gobierno desconfía de ella, lo cual constituye una virtual invitación a los delincuentes a seguir delinquiendo.

Cristina Kirchner quedó presa de sus propias palabras. Mientras aquel viernes 10 del actual ella y su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistían en que mandar a la policía al parque Indoamericano era inviable, se sucedían los tiros de pobres contra pobres y se sumaba otro muerto. Fueron ésas las peores horas para la imagen de la Presidenta.

Atrapada por la demanda de seguridad de vecinos a los que hasta no hace mucho consideraba parte de sus bases de sustentación política, por las encuestas que comienzan a reflejar su caída en imagen y por las críticas de la oposición, la jefa del Estado dio ayer un giro discursivo, tomando elípticamente algunos eslóganes de la llamada derecha. Pero, al mismo tiempo, aclaró que "no se trata de mano dura sí, mano dura no".

Pareció criticar a los jueces garantistas para equilibrar sus anteriores críticas a la represión, un término que convirtió en mala palabra pese a que figura más de 200 veces en el Código Penal. Un día antes, la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, había anticipado que los efectivos policiales no llevarían armas de fuego a las protestas sociales. No quedó claro cuál es el límite de los manifestantes y si la usurpación del espacio público o de una propiedad privada puede ser considerada una simple protesta. No es un dato menor: la sociedad reclama seguridad y también un mensaje menos confuso de sus autoridades.

Fuente: contexto.com.ar