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Por Orlando Ferreres
La inseguridad es actualmente el principal problema de la Argentina, es incluso mayor que...
la inflación que viene en segundo lugar y al desempleo que se ubica en tercer lugar. ¿A qué atribuir este crecimiento de la inseguridad? Ha existido un aumento importante de la población, pero no creció en igual medida la represión del delito. Hay también un aumento de los problemas económicos y sociales (vivienda, por ejemplo), por la mala gestión de los gobiernos. Es cierto que problemas económicos hemos tenido siempre, pero la Argentina es uno de los países que menos creció en los últimos 100 años y presentan un atraso relativo muy importante. Esto puede haber influido, pero no hay estudios concluyentes al respecto.
La pobreza, desde 1983 cuando se inicia la democracia, en lugar de disminuir ha aumentado, con picos de 46% en la hiperinflación de Alfonsín, o de 56 % en la pesificación diferencial de Duhalde. Como hay dudas con el cálculo de la inflación que hace el Indec, que se usa para saber cuánto cuesta vivir, hoy no se sabe bien cuántos pobres hay, pero lo mas probable es que esté alrededor del 30%, estable, estructural, contra un 5-8% en 1983. Es muy probable que este ambiente de pobreza, aun con un crecimiento económico de 8-9% anual, haya influido en la inseguridad.
Ahora bien como dice Karl W. Deutsch en Los Nervios del Gobierno (1963), pude darse que una parte de la población, aunque sea pequeña, no acepte voluntariamente las normas de la sociedad y por lo tanto complique su funcionamiento. En estos casos el Gobierno debe actuar para restablecer el equilibrio antes de que el problema tome dimensiones menos controlables. El crecimiento económico y la educación más elevada para toda lo población podrían reducir estos conflictos en el largo plazo, aunque no del todo. Por lo tanto, el Gobierno no tiene otra alternativa que aplicar sanciones a los que transgreden las normas.
El grado de aplicación de estas sanciones es variable según los países, muy alto es Estados Unidos y muy bajo Suiza, por ejemplo. Ahora, para darnos una idea de estas diferencias, tomando en cuenta que nosotros tenemos una población penitenciaria de unos 55.000 presos, sin considerar unos 5500 detenidos en comisarías, esto significa un 0,14 % de la población del país. Ese coeficiente es de 0,76 % en EE UU. Si aplicáramos la misma regla que en aquel país, deberíamos tener 304.000 presos, o sea, que andarían sueltos unos 250.000 delincuentes según este criterio.
Con cálculos propios en base a datos del International Centre for Prision Studies de la Universidad de Londres, nos muestra distintos grados de población carcelaria, lo que nos indica que puede haber muchos delincuentes libres según el criterio que apliquemos, tanto si tomamos el modelo americano, el ruso, el cubano o el de los países vecinos más cercanos a nuestra idiosincrasia.
Aun suponiendo que aplicáramos algo intermedio entre lo que ocurre en Chile o Uruguay, eso nos indica que deberíamos tener unos 57.000 presos más de los que tenemos, o sea, el doble de los que hay hoy. Esto no sólo es cuestión de política de justicia, de política carcelaria, de fuerzas de seguridad, es también un problema económico, el costo de duplicar las cárceles, su mantenimiento y el cuidado y los planes de reinserción de los transgresores a la sociedad. También es cierto que hoy asumimos muchos costos por la falta progresiva de seguridad: las empresas deben gastar en seguridad privada, con un mercado que ha crecido a más de un billón de dólares por año, por la falta de respuesta de la policía. Los barrios cerrados y los countries, como defensa contra los robos, tienen con gran gasto en guardias. Cámaras filmadoras, armas sofisticadas, autos y grupos especiales para casos extremos han ido creciendo significativamente en los últimos años
La población ha puesto como problema número uno la inseguridad. Esta prioridad significa que está dispuesta a pagar el costo económico que ello significa ya que así como estamos (con temor) no le gusta vivir. El problema de la inseguridad ya está afectando a los pobres pues viven es zonas con menor control y de mas fácil accionar para los ladrones. Es un drama de todos, por lo tanto el Gobierno no puede permanecer indiferente al mismo.
Fuente: lanacion.com.ar
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