Opiniòn: Soberanía económica y educativa

Por Adriana Puiggrós

Hace más de dos décadas que comenzaron a desembarcar en América latina los agentes del mercado educativo, tanto desde empresas privadas como desde organismos internacionales.
El proyecto ALFA Tuning incluyó a nuestra región desde 2002, cuando avanzó en la creación de un Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión europea, América Latina y el Caribe (Uealc). Fue acompañado por numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales entre organismos internacionales, universidades, fundaciones empresariales y empresas.
En 1999, los ministros europeos de Educación firmaron en Bologna, Italia, el llamado “Espacio europeo de educación superior”, donde participan activamente autoridades universitarias, académicos neoliberales y empresarios. La razón de ser de ese espacio es que la educación alcanza un presupuesto anual mundial de cerca de 1 billón de dólares, con 50 millones de trabajadores y una clientela potencial de mil millones de alumnos. Se trata de la más cautiva de las clientelas posibles en la medida en que se logre deteriorar la función educativa de los Estados.
A diferencia de lo propugnado por los organismos internacionales, la articulación entre sistemas escolares, la correlación y validación de estudios, la movilidad internacional de estudiantes y docentes, la coordinación de los criterios de evaluación, y otras medidas que se están tomando, no son neutrales. Varios congresos internacionales de educación superior que se han realizado en América latina en la última década tienen el claro objetivo de alinear la región en los términos impuestos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para extender el que se había realizado previamente en Sevilla, en 2005, se realizó el II Encuentro de Rectores de Universia, una red de universidades orientada hacia el mercado desde la cual los invitados fueron convocados por Emilio Botín, presidente del Banco Santander. En mayo se reunieron en Guadalajara, México, 985 rectores de universidades iberoamericanas, empresarios, ONG y representantes de gobiernos, “para marcarles a los países de Latinoamérica el camino que creen que hay que recorrer para construir un espacio iberoamericano del conocimiento, al estilo de lo que ha hecho (...) el proceso de Bologna en Europa” (El País, Madrid, 1-6-10).
Más allá del palabrerío pseudoprogresista que enmarca las declaraciones surgidas del proceso de Bolonia, el eje sobre el cual se apoya esta reforma de las universidades es la implantación universal de guías sobre lo que una bizarra asociación entre especialistas en educación y representantes de los intereses financieros internacionales entiende por “calidad” de los conocimientos y de las competencias, así como criterios e ítem de evaluación adecuados a estándares que permiten construir rankings de instituciones, graduados y alumnos. Una guía detallada al servicio de las necesidades empresariales de selección de personal. La creación de agencias privadas de evaluación de la calidad educativa y acreditación es una herramienta del mercado educativo que sustituye al Estado en una función que le es propia.
El caso de España es ejemplar. En 2003, la OCDE elogiaba las medidas macroeconómicas que consideraba causas del desarrollo económico español sin medir sus consecuencias, y aconsejaba estimular el mercado mediante las siguientes reformas: fiscal, de las pensiones, del mercado de trabajo y de la educación. Numerosas empresas penetraron las universidades españolas al ritmo del avance del acuerdo de Bologna, que significó la aplicación de los criterios del libre mercado al propio diseño curricular y la organización académica. Empresas como Endesa ofrecen cátedras en la universidad politécnica de Catalunya, Caja Duero paga cursos universitarios y en cualquier universidad pueden verse los stands de empresas que venden productos educacionales (lo cual ocurre también en la mayor parte de los eventos latinoamericanos de educación superior). Emilio Botín anunció que la entidad que preside destinará 600 millones de euros en los próximos cinco años a proyectos universitarios. No debemos dejar de asociar que los avances sin límites del mercado, con los resultados que están por verse, y la aplicación de los criterios empresariales sobre su educación no han traído sino desgracias a España.
En este contexto, urge que nuestra región consolide el principio de la Ley de Educación Nacional de 2006, que establece que la educación es un bien social no transable, y profundizar la orientación que proporcionó a la política de educación el acuerdo sellado entre Argentina y Brasil en 2007, que rechaza la apertura del mercado libre de la educación considerada por la OMC como un bien transable. Es necesario detener el avance del neoliberalismo educativo en nuestros países. El Mercosur y el Unasur son los espacios para ponerle límites y hacer acuerdos regionales para reformar nuestra educación superior con soluciones democráticas, nacionales y populares. Estos términos, lejos de ser demagógicos, contienen una larga experiencia en la política educativa latinoamericana y expresiones actuales exitosas, así como la aprobación de la mayor parte de la comunidad de la educación superior argentina.
Fuente: pagina12.com.ar