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miércoles, 2 de octubre de 2013

Los falsos debates sobre la inseguridad

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Ante la proximidad de las elecciones, los candidatos eluden afrontar el problema del delito en toda su dimensión y eligen poner el foco en los menores que delinquen

Poco después del susto de las PASO, cuando el Gobierno dio por terminado el cepo discursivo sobre la inseguridad, Sergio Berni aseguró en declaraciones radiales que en casi todos los delitos hay involucrados menores.Chequeado.com , el sitio que se dedica a confrontar con datos oficiales las palabras de los políticos, calificó los dichos del secretario de Seguridad no con un "verdadero" o un "falso", como suele hacer, sino con un curioso "insostenible". Es decir, no hay información oficial disponible que permita decir lo que dijo Berni. Ni tampoco lo contrario. Ése es el problema.


Hay datos parciales, de la ciudad de Buenos Aires o de los distritos bonaerenses, que indican que los crímenes cometidos por menores de 18 años representan un porcentaje muy menor del total. Pero no hay cifras actualizadas. Las que muestra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sólo llegan hasta 2009, año en que no se incluyó a la provincia de Buenos Aires, justo donde se registra la mayoría de los delitos del país.

Así las cosas, Berni -y muchos otros políticos, jueces de menores e intendentes del conurbano- dice que hay más chicos delincuentes y Felipe Solá -que salió a contestarle- y muchos otros candidatos, defensores oficiales de menores y otros jueces y otros intendentes aseguran lo contrario. Si las estadísticas siempre pueden ser manipulables, mucho más cuando son parciales y están desactualizadas.

Mientras tanto, en medio de la desesperación electoral, el candidato oficialista calienta la discusión con una frase de alto impacto asegurado -"hay que bajar la edad de imputabilidad", dijo Martín Insaurralde- y el discurso público, de pronto, gira en torno a los menores en conflicto con la ley y cae en la trampa de un falso debate.

Porque los menores que delinquen no son el problema de fondo dentro del gran problema de la inseguridad. Son sí un problema que toca muy de cerca al ciudadano. Los "pibes chorros" son frecuentes protagonistas del robo callejero, de aprietes y manoteos urbanos, de arrebatos, de robo de autos, con y sin arma, lo que les da mucha visibilidad (también de asesinatos, pero son menos frecuentes). Quien tenga hijos en el secundario seguramente ya tuvo que reponer más de un celular, zapatillas o billeteras porque se los roban en la calle, a pocas cuadras de la escuela, y, casi siempre, el relato de la víctima termina en una constatación inquietante: "El pibe que me apuntaba era igual o más chico que yo".

En este contexto, es lógico que se haya extendido la percepción de los menores pobres como amenaza. Y los falsos debates contribuyen a reforzar esa idea, a fijar los prejuicios. Porque se trata de una percepción engañosa si detrás de ella caen en el olvido las verdaderas deudas de la política en la lucha contra el delito y la inseguridad.

Los escándalos recientes en la policía de Santa Fe y la de Córdoba, por caso, acaban de dejarlo al desnudo. En Rosario ya se habla de los "narco-soldaditos", chicos que venden, que llevan y traen a las órdenes de los dealers de su cuadra o de su barrio. Economías ilegales, falta de políticas públicas eficaces para combatir el problema, complicidad policial y uso de jóvenes en situación de vulnerabilidad social: así describe el contexto en el que se mueven los narcos un estudio realizado por la Universidad Nacional de Rosario dado a conocer en julio.

En La Plata, el defensor oficial de menores Julián Axat denunció que el reclutamiento de chicos para cometer delitos es un hecho constante. "Los reclutan adultos entrenados en la ilegalidad -explicó- y, muchas veces, también policías."

Efectivamente, los chicos salen a robar para esas y otras tantas canteras del delito grande, como los desarmaderos, por ejemplo. ¿La conclusión que vamos a sacar entonces es que hay que encarcelarlos más temprano? ¿A ellos?

Ya lo dijo Chiche Duhalde, que sabe de lo que habla: no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Y si ahora hay que poner en la mira a los más fáciles entre quienes están en conflicto con la ley -porque no cuentan con un marco legal claro, porque en su enorme mayoría provienen del mundo de la pobreza y difícilmente tengan quién pueda defenderlos-, pues habrá que hacerlo; todo sacrificio es poco para el sálvese quien pueda electoral.

Sin embargo, tal vez el oportunismo de Insaurralde, al convertir en eslogan de campaña la necesidad de un régimen penal juvenil, tenga un efecto positivo. Como dice Laura Musa, asesora general de menores, si la especulación de un político en carrera sirve para hacer que se promulgue una ley más justa que venía siendo cajoneada, bienvenido sea. Tal vez sirva también para que se empiece a cumplir la ley que ya fue sancionada en la provincia de Buenos Aires y que, por falta de presupuesto, de juzgados y de infraestructura -es decir, por falta de voluntad política-, hace fracasar los intentos más serios.

Pero que chicos que deberían estar en la escuela salgan a robar, a manotear o a matar y morir es una tragedia que deja víctimas a un lado y al otro de la fractura social. Merecería mucho más que el oportunismo de los políticos. Merecería un gesto de honestidad brutal que los rescate del cinismo o la ceguera de los dirigentes.

"Los políticos tienen que dejar de mentirle a la sociedad, pero la sociedad también tiene que dejar de comprar las aspirinas que le venden, porque son placebos", dice Marcos Salt, experto en temas de seguridad y asesor frecuente de distintos organismos nacionales y regionales. Lo explica así: hasta hace 10 o 15 años, con políticas de desarrollo social todavía se podía desarticular bastante bien la relación entre los chicos y el delito. Hoy, al igual que en muchos otros países de América latina, una subcultura de la pobreza y el desencanto marca los límites de la gestión social; es el rechazo de quienes ya se entregaron al "ni trabajar ni estudiar" y crecen con marcos culturales alterados para los cuales "el que labura es un gil".

Para Salt, dejar de mentir hoy sería admitir ante la opinión pública que la situación no se resolverá en poco tiempo. Y que un plan en serio contra el delito no puede sostenerse exclusivamente en más patrulleros, más gendarmes y más cámaras, porque eso lo único que hace es correr el delito para el barrio de al lado; se necesita invertir fuerte en la cuestión social. Pero, a estas alturas del deterioro social -y, destaca Salt, debido al desacierto de muchas gestiones anteriores y de los diez años sin rumbo claro del actual gobierno en materia de política criminal-, tampoco alcanzará únicamente con políticas de prevención, como le gustaría a cierto progresismo. Una política criminal seria, concluye Salt, tiene que trabajar en esos dos planos. Aunque sea difícil transmitírselo a la gente, ése es el trabajo que deberían tomarse los políticos. Y en el que los medios podrían colaborar.

Muchos observadores entrenados lo explican así: es tan riesgoso para un candidato dar un debate sobre las razones de fondo de la inseguridad -porque obliga a hablar de la deuda social, de los focos de delito enquistados en la policía, de la connivencia entre delito y política- que les resulta más fácil llevar la discusión hacia los jóvenes.

En la lógica de los medios de comunicación, a la que se ha sometido la política, las ideas simplificadas funcionan. Eso dice Eduardo Fidanza: "Hay que aumentar las penas", "hay que bajar la edad", son ideas fáciles de entender. Meterse con la deuda social y con cómo alimenta la violencia es abrir un debate tal vez ingobernable. Meterse con los negocios sucios de la policía, peor, no sea cosa que los hombres de azul decidan revelar secretos non sanctos de los políticos o que de pronto aparezcan súbitas olas delictivas que les pongan a los intendentes el voto en contra. La mayoría de los ministros, dice Salt, eligen tranquilidad y no se meten a fondo en la reforma de la policía. Entonces es la policía la que decide cuándo se investiga, qué zonas se protegen, cuándo se desbarata una red; no lo decide la política.

Como los liderazgos se construyen mirando las encuestas, mejor es no hacer olas, explica un político que fue gobernador: ni enfrentarse a las redes delictivas que marcan el pulso ni mucho menos, aunque fuera necesario alguna vez para esclarecer el debate, contradecir a la opinión pública, tan sensibilizada por la agresión de la delincuencia.

Total, que nos sigan distrayendo con falsos debates. O con aspirinas de campaña electoral.

Fuente: lanacion.com.ar