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miércoles, 15 de junio de 2011

Un nuevo cepo a la libertad de expresión

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La presión y la persecución por parte del gobierno nacional a empresas consultoras e institutos de investigación privados que, con mediciones y estudios propios, han intentado paliar la carencia de estadísticas oficiales confiables sobre la inflación a partir de la intervención del Indec, llegado ya a extremos demasiado peligrosos.
Tan peligrosos que ponen en juego el derecho a la libertad de expresión consagrado por nuestra propia Constitución nacional.
Frente a este atropello, que incluyó la aplicación de tan injustificadas como desproporcionadas multas a las entidades en cuestión, resulta alentadora la reacción de legisladores nacionales de distintas fuerzas opositoras en defensa del interés público y del sistema institucional.
Diputados de la UCR, la Coalición Cívica, Pro, el Peronismo Federal y GEN denunciaron ante la justicia penal por abuso de autoridad al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , y a otros funcionarios, tales como Fernando Carro, titular de la Dirección Nacional de Comercio Interior, y Adalberto Rotella, a cargo de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial.
Entendieron los legisladores que existe una injerencia del Gobierno con el fin de silenciar las voces de investigadores para que no se hable de inflación, uno de los temas que más preocupación despiertan en la opinión pública. "Hay una acción de censura directa a través de mecanismos de persecución penal", denunció el titular del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra.
Cabe recordar que el proceso de persecución se inició hacia febrero pasado. En ese primer ataque las consultoras fueron intimadas a responder en un plazo perentorio un cuestionario acerca de cómo realizaban sus mediciones. Inmediatamente luego, Moreno solicitó al Indec, justamente el organismo responsable de alterar las estadísticas públicas de precios , que actuara como auditor de la información producida por las consultoras.
Como era de esperar, el Indec descalificó toda medición alternativa, sin argumentos técnicos sustentables. Los 12 institutos atacados fueron multados por igual con 500.000 pesos. Se trata de la pena máxima prevista por la ley de lealtad comercial, aplicada indebidamente a este caso. Las sanciones fueron apeladas en sede administrativa. La Secretaría de Comercio Interior, incumpliendo una norma procesal, no giró las actuaciones a la justicia en lo contencioso administrativo. Por lo tanto, algunos de los afectados interpusieron un recurso de queja ante el Poder Judicial y otros lo están preparando.
Poco tiempo después de iniciados aquellos episodios, las organizaciones en cuestión fueron intimadas a revelar cuáles juzgados de la Argentina les habían solicitado información sobre inflación, en general en juicios sobre alimentos y demandas de ajuste salarial. Las consultoras estaban obligadas por la ley a responder a las requisitorias judiciales. Por lo tanto, el pedido de Moreno fue rechazado alegando un conflicto de poderes.
En abril, nuevamente ocho de las 12 entidades recibieron intimaciones del Gobierno por realizar declaraciones en medios de prensa sobre los incrementos en los precios. Las razones formalmente alegadas fueron diversas, poniendo en cuestión la elaboración o difusión de cualquier índice, análisis o pronóstico que difiriera de los datos oficiales. De este modo, la libertad de expresión pareció quedar claramente coartada, al tiempo que se puso en evidencia todo un sistema de espionaje y seguimiento de las expresiones de personas.
El falseamiento de las estadísticas oficiales ya es, de por sí, gravísimo para la seguridad jurídica y la previsibilidad que un país debe darles a sus ciudadanos y, en particular, a los agentes económicos. Las estadísticas confiables proveen un elemento indispensable en el sistema de información en una sociedad democrática.
En 2007, el kirchnerismo decidió convertir el Indec en una oficina de propaganda política y despojarlo de sus técnicos mejor preparados. Si a ese problema se suma el afán oficial por perseguir a quienes procuran ahora generar datos estadísticos de calidad, podemos estar seguros de que lo que está en juego son el Estado de Derecho y nuestras libertades básicas
La acción de los parlamentarios ha sido ponderable, en especial las de los miembros no oficialistas de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, quienes desde ayer comenzaron a difundir un índice del costo de vida, tomando como fuente los datos de las consultoras censuradas por el Poder Ejecutivo.
Pero la gravedad de la situación exige la intervención de los jueces para contener este nuevo ataque a las instituciones republicanas, que incluye la violación de garantías individuales establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales.

Fuente: lanacion.com.ar