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martes, 18 de enero de 2011

Opinión: Preocupante inseguridad, sin respuestas del Estado


*Por Rolando Núñez


El gobierno no acierta en la tarea de abordar y resolver el grave y complejo problema de la inseguridad y del miedo a...
 ser víctima de la violencia relacionada con las inconductas sociales y los delitos, como también las derivadas de las intervenciones del personal policial. La comunidad quedó atrapada e indefensa ante las violencias y los delitos de ambas partes. Y al no encontrarse las respuestas adecuadas, indirectamente se debilita a los organismos e instituciones que deben avocarse a resolver este grave problema.


Es público y notorio el agotamiento y la impotencia de las instituciones de seguridad y de administración de justicia. Nada indica que en el corto y mediano plazo se pueda revertir la sensación generalizada de desaliento y de quebranto que embarga a amplios sectores sociales, especialmente a los más excluidos, porque es allí donde es mayor y más perjudicial el impacto de los delitos y de la violencia, a pesar de que los que más reclaman son los grupos más pudientes, que están mejores posicionados desde el punto de vista social y económico.

¿Quién, en su sano juicio, puede negar la generalizada situación de insatisfacción y fatiga social que diariamente se percibe, a tal punto que ganó la desconfianza de la población en todos, o en casi todos, los organismos o instituciones del Estado que deben generar y brindar seguridad? El desaliento es tal que las víctimas de la violencia y del delito en la mayoría de los casos no denuncian los hechos porque no confían en los poderes del Estado, lo que hace crecer –de manera extraordinaria- las cifras negras de la inseguridad real, que no figuran en las estadísticas confeccionadas por la policía, con las que finalmente se maneja el gobierno de turno, lo que hace que opinen a contrapelo de una realidad que recrudece día a día. Algunas encuestas de victimización reflejan que aproximadamente el 60% de los delitos no se denuncian en la ciudad de Resistencia y que el 56% de los hogares resultó víctima de algún delito en los últimos años. Si esto fue así, lo primero que se debe encarar -para revertir la situación- pasa por sincerar estadísticamente el mundo de la violencia y del delito para no continuar con la tarea de auto engañarse y confundir a la población y, particularmente, a las víctimas que terminan por convencerse que están indefensas y abandonadas.

El ciudadano percibe que el delito y la violencia urbana lejos de disminuir aumentan día a día, a tal punto que se produjeron cambios visibles y condicionantes de hábitos y de costumbres en la vida cotidiana de los chaqueños en función directa con el miedo a ser víctima. Sin embargo, el gobierno no responde adecuadamente en la tarea de combatir eficazmente contra las causas generadoras de la inseguridad, repitiéndose en lanzamientos improvisados, desordenados y erráticos, que luego se dejan de lado, pero que por acumulación potencian las consecuencias negativas en un escenario de desgraciada y creciente inseguridad. Solo se atina al marketing, que constituye la herramienta más utilizada para sortear los reclamos sociales, recurriéndose a la política de la entrega de patrulleritos y de motitos, más algunos caminantes en el centro de la ciudad, incluidos alumnos que cursan para ser agentes de policía en el futuro, más el fallido 911.

La población sufre la inseguridad, mientras el gobierno afirma que el delito baja

Algunos funcionarios no resisten la tentación de anunciar, con cierta frecuencia para nada original ni creativa, que disminuyen las cifras de los delitos. De esta manera buscan disimular sus propias inoperancias. Parece que no entienden que desde hace bastante tiempo no interesa a la comunidad que los números elaborados por la propia policía muestran algunas oscilaciones propias de cualquier fenómeno social, además de algunas falsedades, que combinadas hicieron que la estadística en seguridad sea la información menos confiable de todas las que procesa, elabora y proporciona cualquiera de los gobiernos de turno. Es que los funcionarios confían y apuestan a la buena fe de la opinión pública, poniendo mucho entusiasmo en la tarea de desinformar o mal informar a la población, a la que finalmente abandonan a su suerte. Los tres últimos ministros de gobierno afirmaron que el delito baja; no obstante lo que dijeron, el delito sube, cada vez con mayor violencia, venga de donde venga, enlazado con la violencia y la corrupción de agentes y funcionarios públicos vinculados con la seguridad.

Parece que desconocen que las tasas de los delitos bajan o suben por múltiples causas e ignoran que la policía no influye demasiado en la evolución de las cifras, si es que estas son objetivas y responden a la realidad. Esto es así y queda demostrado por un factor cuantitativo muy claro, consistente en que desde hace más de 30 años que la institución policial prácticamente cuenta con la misma cantidad de personas que se desempeñan en sus filas, haciendo exactamente lo mismo, mientras que la población se ha duplicado. Con los resultados a la vista, surge nítidamente la escasa incidencia positiva de la tarea policial en la conformación de las tasas delictivas, suponiendo que la policía trabaje bien, porque si se desempeñan negativamente incide en forma directamente proporcional, lo que se potencia cuando el personal actúa desalentado, fatigado y muchas veces bajo flaquezas, que conspiran contra la obtención de buenos objetivos. Si a esto se suma la indiferencia o indolencia generalizada del personal, el panorama se complica aún más. Y si finalmente aparece la corrupción, que existe, se cierra el círculo de potenciación de la violencia y de la criminalidad. Los resultados están a la vista. Sin embargo, para los gobernantes de turno el delito baja; en todo caso, la inseguridad se trataría según el discurso oficial solo de un problema de percepción social o de simple sensación de inseguridad. Ponen mucho énfasis en relativizar lo evidente. Niegan la realidad. Quieren tapar el sol con las manos. Se retuercen en argumentos cada vez más inservibles, mientras la población se debate indefensa y desprotegida.

Falta de control político y social. Ausencia de conducción política de la policía

Para abordar y resolver el grave problema de la inseguridad, necesariamente se debe comenzar por diseñar y ejecutar planes, programas y medidas integrales que permitan evaluar la problemática en su totalidad y no de manera parcializada, como erróneamente se viene haciendo. Se debe comprender que la seguridad se construye desde lo político, lo social y lo educativo. Es vital la capacitación, especialmente del personal policial, quiénes deberían ser formados –en lo inmediato- bajo un régimen que respete los principios de seguridad democrática a que se obligó nuestro país cuando ratificó los Tratados Internacionales enumerados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Argentina, y por la propia letra de nuestra carta magna. Definitivamente se debe dejar de lado y superar el régimen casi militar y autoritario en el que son formados los policías, con reglamentos que son repetidamente violatorios de los postulados de seguridad en democracia, heredados de los sistemas castrenses.

Para encarar las profundas reformas y la reestructuración de la formación policial y del funcionamiento de la institución, es necesario que los aspirantes a policías y el personal en actividad se afiancen en los principios y valores de la democracia, lo que permitirá que superen el carácter netamente corporativo de la institución, que opera como autónoma del poder político. Al mismo tiempo, deben ser capacitados con criterios e ideas modernas de capacitación y formación de policías del siglo XXI, altamente idóneos y profesionalizados.

Es cierto que la democracia no pudo construir un escenario de seguridad pública, ni detener el nivel de violencia policial, con casos de gatillo fácil, torturas, apremios, detenciones arbitrarias y procedimientos armados. Por ello, la reforma y la democratización de la policía es un factor vital para superar la inseguridad pública y la brutalidad policial, para lo cual se debe asumir el control político y civil de la institución, a través de programas continuos, plurianuales. Finalmente, conviene destacar que la única forma de democratizar nuestra fuerza de seguridad es con una sólida conducción política de la institución policial, fenómeno ausente desde la recuperación del sistema democrático. A partir de la falta de conducción es que han fracasado la totalidad de los gobiernos a partir del 10 de diciembre de 1985. Lo preocupante es que no se advierte en la actual gestión ningún gesto o acción orientados a construir la indispensable conducción institucional del aparato policial, que es lo mismo que decir que continuará el fenómeno de la inseguridad colectiva.

*Titular del "Centro Mandela DD. HH."

Fuente: datachaco.com