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domingo, 16 de enero de 2011

Las culpas siempre son ajenas

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por Néstor O. Scibona

Como se puede comprobar cotidianamente a través de la televisión pública y otros medios afines, el abecé de...
 la militancia kirchnerista indica que los aciertos siempre corresponden al Gobierno y los problemas, a oscuros intereses conspirativos. En esta maniquea visión de la realidad, no hay lugar para autocríticas, ni tampoco para reconocer imprevisiones, mala praxis u oportunidades mal aprovechadas. Lo importante es tener a mano algún argumento polémico para descargar la responsabilidad en espaldas ajenas.


A diferencia del año pasado, cuando apenas alcanzó para el consumo interno, la cosecha de trigo de la campaña 2010/11 dejará un saldo exportable del orden de seis millones de toneladas, sobre una producción total de 12/13 millones. Un cálculo de los CREA incluso eleva aquel saldo a 9,8 millones de toneladas, al estimar una cosecha de 14,9 millones y un stock inicial de 1,4 millones. El Gobierno se encargó de arruinar esta buena noticia al insistir innecesariamente en las restricciones para exportar y complicarles la vida a los productores. El eje del problema está entonces en la intervención estatal en el mercado y no en la protesta de los damnificados, que llevaban más de dos meses con su reclamo de poder vender al precio teórico que surge de deducir retenciones y gastos de embarque. Luego el conflicto se politizó, como no podría ser de otra manera, ya que el Gobierno se interesó más en dividir a la Comisión de Enlace que en acercar soluciones. Estas llegaron a destiempo, bajo la forma de créditos regalados que pocos pedían y cupos de exportación que distorsionan precios y operaciones. Para desdibujar aún más el cuadro, Cristina Kirchner se encargó de enviar a la reunión al ministro de Trabajo con el planteo de la presumible explotación de trabajadores temporarios en campos maiceros, cuando el tema era el laberinto de la comercialización triguera y la escasez de demanda.

Desde un enfoque jurídico, la Cámara de Exportadores (CERA) sostiene que el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (ROE) se ha transformado en un virtual sistema de permisos de exportación, violatorio de los tratados de la Argentina con el Mercosur y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impiden ese tipo de restricciones. Según directivos de la entidad, si no hay reclamos externos en este sentido es porque muchos países se benefician con las ventas que deja de realizar la Argentina. De hecho, Uruguay aumentó significativamente sus exportaciones de carne vacuna a expensas de los mercados que dejó de atender nuestro país. A su vez, el último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) revela que en 2010 ese país desplazó a la Argentina como principal proveedor de productos agrícolas a Perú. Los desincentivos oficiales a una mayor exportación no sólo son patrimonio del sector agropecuario: según la propia CERA, el Ministerio de Economía acumula ya una deuda de $ 1200 millones con los exportadores industriales en concepto de reintegros, a pesar del récord de recaudación tributaria del año pasado. Una extraña forma de promover el "modelo exportador", pese a las enormes perspectivas que tiene por delante la Argentina como país productor de alimentos y manufacturas de valor agregado.

Aunque la estrella de Guillermo Moreno se mantiene incólume en el firmamento kirchnerista, estos recurrentes conflictos revelan el fracaso del esquema intervencionista que puso en marcha hace cuatro años (basado en controles, precios regulados, trabas a la exportación y subsidios cruzados a la oferta), con la excusa de abaratar el precio de los alimentos básicos. En ese período, el precio del pan acumuló subas de 125 a 370%, según el valor que se tome como base para 2007 (panaderías o supermercados). Y hoy muchos molinos aducen no poder comprar trigo por el retraso en el cobro de subsidios de la Oncca. En carnes, la situación es peor: después de tres años de precios muy bajos, los principales cortes se dispararon en 2010 (con subas acumuladas de 115 a 220% desde 2007), por lo cual el consumo interno se redujo el año pasado de 68 a 57 kilos anuales por habitante (-16%), mientras la producción cayó 22%, lo cual obliga a un prolongado proceso de recuperación de stocks.

Este esquema se completa con la falsificación de las estadísticas de precios del Indec (que acusan una suba de 10,9% en 2010 y de 37% para los últimos cuatro años) y la reciente desaparición de la palabra "inflación" del vocabulario oficial. Hasta tal punto que ni siquiera es mencionada en el programa monetario del Banco Central para 2011, que prevé una expansión monetaria cercana a 40% anual, incompatible con una suba de precios que oficialmente equivaldría a la cuarta parte. La escasez de billetes de $ 100 (que representan 90% de la circulación) es una de las manifestaciones más palpables de este fenómeno, más allá de la mayor demanda estacional que se produce todos los fines de año.

Desviar la atención

La hipocresía oficial con que se manejan estos problemas no es privativa de la macroeconomía.

La AFIP amenaza fiscalizar a las estaciones de servicio por supuestas ventas en negro, como si ése hubiera sido el motivo del grave faltante de combustibles de fin de 2010 y no el conflicto sindical en la Patagonia que dejó a las petroleras sin stock frente a una demanda explosiva. En condiciones normales, sin embargo, las destilerías trabajan al tope de capacidad, pero el virtual control de precios internos (que recién se flexibilizó en 2010) frenó inversiones en refinación. En medio de la escasez y de una preocupante caída en la producción de petróleo, aquí también Moreno logró que los precios en dólares de los combustibles ya superen a los vigentes durante la convertibilidad.

El ministro Julio De Vido acaparó semanas atrás las cámaras de TV cuando anunció auditorías, multas y sanciones a las distribuidoras eléctricas del área metropolitana por los cortes de energía que a fin de diciembre perjudicaron a miles de usuarios y los atribuyó a falta de inversiones. Pero omitió decir varias cosas. Una, que la demanda de electricidad fue récord (creció 14,7% interanual, según Fundelec) ante una ola de calor con la sucesión de temperaturas mínimas más altas en 58 años. Otra, que las auditorías del ENRE se realizan semestralmente y difícilmente la situación haya tomado por sorpresa al Gobierno. Y, quizá la más elocuente, que el propio Ministerio de Planificación avaló los avisos difundidos meses atrás por las empresas generadoras, transportadoras y generadoras de electricidad para advertir que sus tarifas permanecen congeladas desde hace diez años, lo cual explica la insuficiencia de inversiones para el mantenimiento y expansión de la red. No sólo eso: la campaña fue diseñada por el publicista favorito del Gobierno (Fernando Braga Menéndez). Como satisfacción, De Vido obtuvo de los accionistas italianos de Edesur el compromiso de elevar las inversiones de US$ 103 millones a 132 millones en 2011, como una forma de mantener la concesión que el Gobierno amenazaba cancelar. Sin embargo, uno y otros saben que el gesto no resuelve el problema de fondo: las tarifas, difícilmente, se muevan en este año electoral.

Fuente: lanacion.com.ar