Dos críticos informes sobre la situación de la mujer en el país

Por Sibila Camps

Quince organizaciones civiles dieron a conocer ayer dos críticos informes sobre la carencia de políticas públicas para las mujeres en la Argentina.
Serán entregados el lunes en Nueva York, ante el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.
El Gobierno argentino debe presentar cada cuatro años los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos al adherir a la CEDAW. En paralelo, las ONG presentan un “informe sombra” que, además, observa si el Estado ha atendido o no a las recomendaciones formuladas cuatro años antes por el Comité.

Ayer, dos grupos de asociaciones civiles dieron a difusión sendos diagnósticos, en una ronda de prensa realizada en el CELS. Firman los escritos, entre otras entidades, FEIM, CELS, Católicas por el Derecho a Decidir, CEDES, CLADEM, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Los documentos coinciden en un duro cuestionamiento a la falta de políticas que apunten a reducir las desigualdades de género en casi todos los ámbitos. Y destacan que, si bien en los últimos años hubo importantes avances en la legislación, no se traducen en acciones concretas.
Ponen como principal ejemplo al Consejo Nacional de las Mujeres, que por su baja jerarquía “ha tenido escasa incidencia en la formulación, diseño y ejecución de políticas públicas”, recalca uno de los informes. Señalan además su bajo presupuesto y el reducido personal, con baja capacitación. Esa concepción, agregan, se repite en las provincias. El Consejo Nacional tiene más funciones –pero no más fondos– a partir de la Ley de Violencia contra las Mujeres. Pero 16 meses después, la ley sigue sin reglamentarse, y se desconoce “cuáles serán las estrategias para asegurar su aplicación en todo el país”, indica el otro trabajo.
El diagnóstico marca la demora en modificar la ley de trata –que se apoya en el consentimiento de las víctimas mayores de edad para no dictar condenas–, la ausencia de planes de asistencia a las víctimas, el bajo número de procesados, y la desarticulación entre provincias para investigar a las redes.
El incumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual, así como de la Ley de Educación Sexual, también fueron centros de críticas. Esto ocasiona, dijeron, altos índices de mortalidad materna –sobre todo por aborto– y porcentajes elevados de embarazo adolescente, con grandes disparidades en desmedro de las provincias más pobres El Comité de la CEDAW estudiará los informes, los cotejarán con el oficial y emitirá sus recomendaciones al Gobierno argentino.
Fuente: clarin.com