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martes, 13 de julio de 2010

(Brasil) Informe denuncia violencias y violaciones sufridas por pueblos indígenas

El último viernes, día 9, el Consejo Indigenista Misionario (Cimi), divulgó el "Informe de Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil", documento basado en hechos ocurridos el año 2009.
Desde 1993, el informe se presenta para hacer públicas las muchas violencias y violaciones de derechos a la que son sometidos los indígenas de Brasil, aunque estén salvaguardados por la Constitución Federal y por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre las principales violencias sufridas por los indígenas, registradas en el informe, se encuentran los daños al patrimonio, los asesinatos, las amenazas de muerte y las muertes por falta de asistencia de salud. Pero, además de todas éstas, no pasan desapercibidos los casos de no demarcación de tierras, detenciones arbitrarias, golpizas, trabajo esclavo, invasión de tierras, incumplimiento de órdenes judiciales, entre otros.
Gran parte de los indígenas sometidos a estas situaciones se encuentran en Mato Grosso do Sul (MS). De acuerdo con el informe, de los 60 casos de asesinatos ocurridos en Brasil, 33 tuvieron lugar en MS, lo que representa el 54% de todos los asesinatos de indígenas. En su mayoría, los casos están relacionados con el pueblo Guaraní Kaiowá.
Actualmente, 20 comunidades del pueblo Guaraní Kaiowá viven acampadas a la vera de los caminos. Aún estando fuera de sus territorios tradicionales por la ausencia de demarcación, los indígenas continúan siendo amenazados, atacados y coaccionados a desistir de la lucha para retomar sus tierras. No es difícil comprender que los conflictos por la tierra son los principales motivos de la violencia contra los indígenas.
En el capítulo sobre ‘violencias provocadas por omisión del poder público’, el informe registra que fueron 133 los casos de violencia provocados por el abandono. Es posible destacar como principal caso el elevado número de muertes por falta de asistencia de salud: 41 casos en total. De éstos, 22 víctimas eran del pueblo Xavanté, de la comunidad Parabubure, ubicada en el municipio de Nova Xavantina, Mato Grosso.
El Cimi relata que las muertes ocurrieron debido a fallas en la atención médica durante un período de dos meses. Además, no hay transporte hacia el lugar donde se ubican los equipos de salud y falta lo básico, como medicamentos, colchones, y hasta inclusive materiales para higiene.
La falta de asistencia también ha generado enfermedades como la desnutrición. En 2009, se registraron 90 casos solamente en la comunidad Guaraní Kaiowá de Dourados (MS). A este número se debe agregar la cifra de nueve muertes como resultado del bajo peso.
Otra problemática es la criminalización de líderes y la intensificación de acciones contra las luchas indígenas, situaciones que se están volviendo cada más comunes en Brasil. Uno de los casos que comprueba esto ocurrió en junio de 2009, con cinco indígenas de la comunidad Tupinambá de la Sierra del Padeiro, en Bahía. Después de ser capturados e inmovilizados por agentes de la Policía Federal, los indígenas fueron esposados y sometidos a aspersión de spray de pimienta en los ojos y choques eléctricos en las regiones dorsal y genital.
Al depararse con estas realidades y saber que nada se hace desde el poder público para castigar o evitar hechos similares, el informe cuestiona sobre quiénes son los responsables de las violencias contra indígenas, líderes y comunidades. "La lectura de los datos señala que los responsables son particulares y agentes del poder público. Entre los particulares se destacan terratenientes, políticos, dueños de ingenios, contratistas de obras, empleados de haciendas, agentes de seguridad, pistoleros".
"En el ámbito federal, los responsables de la implementación de la política indigenista son efectivamente tres: el Ministerio de Justicia, que atribuye a la Funai las demandas relativas a la tierra, demarcaciones, fiscalizaciones y protección; el Ministerio de Salud, responsable de la asistencia a los pueblos indígenas y que tiene como ejecutora de las acciones a la Funasa; y el Ministerio de Educación que en articulación con estados y municipios prestan servicio en educación escolar", revela el Cimi.
Según don Erwin Kräutler, presidente del Cimi y obispo de la Prelatura del Xingú, el informe será entregado a los agentes del gobierno federal y estadual para que se tomen medidas y se implementen acciones que pongan fin a la violencia contra los pueblos indígenas.
Fuente: adital.com.br