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domingo, 13 de junio de 2010

La argentina que no funciona: Por la burocracia, la adopción de un chico puede tardar diez años

Por Laura Gambale

En apariencia, es un problema fácil de solucionar: hay más de 10 mil chicos en condiciones de ser adoptados y un número similar de parejas que quieren tenerlos en sus hogares y tratarlos como los hijos que, por diversas razones, no pueden tener.
Pero la burocracia del Estado, el atraso de las leyes, la desidia de los políticos y los negocios montados por algunos inescrupulosos impiden ese encuentro. Hasta que eso no cambie, miles de argentinos se desgastan deambulando por los juzgados, tratando de acelerar los trámites, y miles de chicos sobreviven en los institutos de menores.
El debate abierto en torno a la adopción gay, sumado a las controversias por la adopción de los hijos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, pusieron nuevamente en agenda el estado del sistema de adopción en el país. PERFIL consultó a padres adoptivos y especialistas acerca de los principales problemas. “La gran demora” y “las trabas burocráticas” fueron las respuestas unánimes. Aseguran, además, que existen parejas que deben esperar “hasta diez años” para recibir al niño, que muchos “optan por anotarse en más de diez registros” y que recurren a la “entrega directa” como alternativa. Por otro lado, se quejan de que “no existe un registro de los chicos en estado de adoptabilidad” y recuerdan que “el 98% de los padres acepta únicamente a chicos pequeños”. Todo esto provoca daños perfectamente evitables tanto en quienes quieren adoptar como en los chicos que podrían ser adoptados y deben vivir en institutos.
Si bien no hay un registro sobre cuántas personas están anotadas para adoptar, se estima que son más de 6 mil las parejas sólo en la Capital y el Gran Buenos Aires. La paradoja es que, en simultáneo, hay más de 10 mil chicos que podrían ser adoptados pero que están viviendo en institutos de menores.
“Estuve dando vueltas durante cuatro años hasta que me llamaron del juzgado de Corrientes para avisarme que tenía a una niña de 3 meses y medio esperando” cuenta María Elena Sgoba, mamá soltera desde hace ocho años. Llegó a Corrientes aconsejada por un conocido. “Llamé al juzgado de Monte Caseros, viajé hasta allí, presenté la carpeta y me hicieron una evaluación.” Pero antes tuvo que anotarse en el registro único de la Ciudad de Buenos Aires, donde “tardé ocho meses, que es un montón, hasta recibir la aprobación y el comprobante de aspirante. Ese certificado lo adjunte en otras 14 carpetas iguales y las envié a juzgados de distintas provincias”. María Elena confiesa que “cuando uno tiene tanto deseo de ser mamá, te metés en cualquier cosa”.
Durante la espera, se acercó a dos mamás correntinas recién embarazadas. “Acordamos que me darían a su bebé cuando naciera mediante la entrega directa frente al juez de Monte Caseros, a cambio de que me ocupe de pagarles comida, vivienda y asistencia médica durante su embarazo. Llegado el momento, no quisieron hacer la entrega porque querían plata a cambio. De entrada, les dije que no iba a pagar para tener un hijo. Seguí esperando hasta que me llamaron por mi actual hija”, finaliza María Elena.
El tiempo no para.
Con el objetivo de “dar transparencia y celeridad a los trámites de guarda y adopción de menores”, el Gobierno nacional puso en marcha hace cinco años el “Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga)”. Así lo anunció el entonces ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que aseguró que con una lista centralizada se podría “facilitar el trámite de inscripción”.
Recordemos que la adopción en la Argentina se basa en la Ley N° 24.779, promulgada el 26 de marzo de 1997, y se complementa con la Convención de los Derechos del Niño, promulgada el 21 de octubre de 2005, y la Ley N° 25.854 –promulgada el 6 de enero de 2004–, que creó la Dirección Nacional del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
“El Ruaga es un registro de registros –explica Nélida Alfonso, de la Fundación Adoptare–. Mientras las provincias no adhieran a él, las inscripciones van a continuar siendo insuficientes. Muchas provincias del norte dijeron que lo harían pero no firmaron el convenio.”
PERFIL consultó a María Federica Otero, directora nacional del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, las causas de tantas demoras. “Cuando el Registro Nacional comenzó sus funciones, la mayoría de las provincias estaban reticentes a la adhesión. En octubre de 2009, con el nuevo decreto que modifica las funciones del Registro Nacional y respeta las autonomías provinciales, se conforma una Red Nacional de Registros para impulsar la cooperación entre las diferentes jurisdicciones y respetar la inscripción única”. Además, Otero sostuvo que “una vez que se consiga la adhesión del grueso de las provincias, los aspirantes no tendrán que peregrinar por las distintas jurisdicciones para inscribirse en cada uno de los registros locales sino que la inscripción en el registro de su domicilio será válida para todo el territorio nacional”.
Al día de la fecha, existen 1.447 inscripciones correspondientes a los registros de la Capital Federal, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y se encuentran en “proceso de carga de datos” los inscriptos en La Rioja y Buenos Aires. Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, por su parte, tienen proyecto de ley de adhesión con media sanción.
Padres del corazón.
“El primer paso –inscripción y entrevistas– demoró sólo un mes y medio”, cuenta una mamá adoptiva que prefiere resguardar su identidad. “Nos aconsejaron que nos anotáramos en los juzgados de las distintas provincias para hacerlo más rápido. Fuimos a Entre Ríos, Salta y Misiones, de donde es nuestro hijo.” Tuvimos suerte porque nos llamaron a los diez meses de habernos anotado. Lo que más demoró fue el proceso posterior, es decir la preguarda, la guarda definitiva y el juicio de adopción. Todo eso, por ley, no puede superar el año y medio, y a nosotros nos tardó tres años”. Admite que se anotaron para adoptar con la condición de que fuera hasta 2 años y sano.
A los 55 años, otra mamá, en este caso sin pareja, decidió adoptar un grupo de hermanos de entre 6 y 8 años. Ella también prefiere resguardar su identidad “para preservar la identidad de mis chicos”. “Me anoté en septiembre de 2008 en el registro de la Ciudad de Buenos Aires. Me postulé para adoptar chicos de 4 a 8 años y con hermano porque sabía que iba a ser la forma en que demoraría mucho menos. Además, no quería un hijo único y no estaba dispuesta a iniciar un nuevo trámite para un segundo hijo. Si bien el trámite fue rápido para mí, no quería pasar por nuevas evaluaciones, visitas a mi casa y que me evaluaran con una lupa como si fuera un intruso que busca un chico.”
Pasos legales.
“Existen dos sistemas legales paralelos y contradictorios”, dice el abogado Rubén Martínez. “El primer paso es inscribirse en el juzgado correspondiente, donde se abre una carpeta con el DNI del aspirante, un informe socioambiental, informe psicológico y de salud, entre otros requisitos. Y después, esperar el llamado del juzgado, que puede tardar hasta diez años. Por esto, muchos también envían las carpeta a los juzgados de las provincias.”
La segunda vía legal, dice Martínez, es “la entrega directa”, y lo ejemplifica: “Me entero de un caso de embarazo de una chica de Misiones. La voy a conocer, la asisto durante el embarazo y acuerdo con ella y su pareja que al dar a luz me darán a su bebé. A los dos días del parto nos presentamos en el juzgado de la zona ante un juez para que homologue la entrega directa”. Aclara que este mecanismo es “más rápido pero menos seguro. La masa de padres que quieren adoptar se transforma en parte de un negocio para familias que están buscando plata o alguna ventaja económica”. Además, agrega que “faltan chicos para dar en adopción” porque “el 98% de los matrimonios quiere bebés”. En su experiencia como padre adoptivo, confirma que “adoptar es un acto de amor inmejorable a pesar de las trabas burocráticas y la demora”.
“Un matrimonio sabe cuánto tiempo puede esperar, pero no cuánto tiempo le demorará el trámite –dice Julio César Ruiz, director de Fundación Adoptar–. Todo, absolutamente todo, es manejado en secreto y respaldado por la ley a través los Poderes Judiciales de cada provincia. Entonces, primero debería hacerse pública la información de los aspirantes.”
También cuestiona la falta de un listado con los niños en estado de adoptabilidad.
Graciela Lipski, directora de la Fundación Adoptare, coincide en que “la espera es una de las principales complicaciones de la adopción. Por año, tenemos unas 250 consultas de padres que llegan ansiosos, con poca información y con años de fracasos en el tratamiento de fertilidad asistida. Ellos saben que hay un tiempo muy extenso por delante, que puede ser de cinco años o más y que no hay garantías”. Destaca que “hay muchas trabas burocráticas” y que “la falta de información alimenta el prejuicio social de que en las familias adoptivas no se puede establecer un vínculo tan fuerte como en las de parentesco biológico. Pero eso es mentira porque el vínculo se construye desde la cotidianidad”.
En la lista de dificultades, Nélida Alfonso cuestiona un tema sensible: ¿por qué hay pocos chicos en adopción?
“La ley dice que el chico entra en estado de abandono –y entonces, en lista de adopción– después de un año de ausencia de sus padres. Cuando se cumple ese año, en el caso de los chicos en institutos de menores, se llama a los padres biológicos para que lo vayan a visitar. Si los padres responden y van esa única vez al año, el chico puede permanecer otro año más en la misma situación. Cuando éstos dejan de visitarlos o acceden a renunciar, ya son muy grandes y pocas familias los quieren adoptar”, señala la especialista.
Si no es por abandono, un niño puede ser dado en adopción recién después de la renuncia de la madre biológica y luego de que el juez haya comprobado que ningún familiar se puede hacer cargo.
Hay más de 10 mil chicos listos para ser adoptados.
En nuestro país existe una ciudad invisible de más de 10 mil personas en la que sólo viven bebés, niños y adolescentes que son huérfanos o tienen padres que no cumplen ese rol. Existen, y aunque no están juntos, son invisibles; están encerrados en hogares o institutos de menores. Podrían ser dados en adopción y escapar de esa ciudad, pero la burocracia estatal y la preferencia de la Justicia por la cultura del encierro les ha tendido una trampa. El 40 por ciento de estos chicos tendrá primero la calle y luego la cárcel en el porvenir que el Estado tutelar les ha predestinado.
Se trata del desolador panorama que describen a PERFIL casi una decena de expertos en infancia, legisladores y organizaciones civiles. Se estima que hay 40 mil menores de edad encerrados por el Estado; la enorme mayoría de ellos no por cometer delitos. Están allí, explican todos, “por la vieja cultura del patronato, amparada en una ley de 1919 que supone un Estado tutelar que debe velar por los niños” y justifica su encierro en casos de pobreza o desamparo.
En 2005, vivían en el país al menos 19.579 menores de edad encerrados en orfanatos, institutos y centros privados, 87,1 por ciento de los cuales estaba por situaciones asistenciales (pobreza, violencia y desamparo, entre otras causas), y el resto (el 12,1 por ciento) por cometer ilícitos. Son cifras parciales de Unicef y de la Secretaría de Derechos Humanos, que sugieren que serían más de 30 mil los niños privados de libertad.
“El número no ha decrecido, más bien ha aumentado, los jueces los siguen derivando a institutos y tenemos 40 mil encerrados, de los cuales fácilmente el 30 por ciento podría ser dado en adopción”, explicó a PERFIL Ana María Dubaniewicz, una psicóloga con tres libros y una novela escritos sobre el tema. Cita como ejemplo más paradigmático al hospital Sbarra, de La Plata, donde “hay permanentemente entre 120 y 130 bebés y niños de hasta 4 años, de los cuales 40 podrían ser adoptados”, algo que no sucede. ¿Por qué? Dice que “hay un Estado muy presente para que nadie ni nada cambie”, y denuncia que las trabas burocráticas favorecen la existencia del “negociado” de la adopción ilegal, en el que están metidos “profesionales, médicos e intermediarios”.
La diputada Cynthia Hotton, quien desde hace dos años estudia el tema, añade que “la gran traba” es que la ley y la Justicia priorizan el vínculo biológico por sobre los intereses del niño: “Muchos padres no lo dan en adopción por una cuestión de orgullo o porque cobran subsidios aun viéndolos sólo una vez por año, mientras que las instituciones los prefieren adentro de los institutos por muchas otras cuestiones.” Una de ellas, según los expertos, es que los institutos y ONGs reciben entre 3 mil y 6 mil pesos por niño, “un negocio que no muchos quieren perderse”.
Con por lo menos 10 mil chicos que necesitan y pueden ser adoptados y la misma cantidad de parejas que buscan adoptar, “lo único que tenemos que hacer es favorecer que ambos se junten”, dice la diputada, quien presentó un proyecto para reformar la ley de adopción.
El proyecto pone plazo de dos años a los jueces para que consigan una familia a los niños, permite que los hijos no deseados puedan ser entregados en dependencias oficiales sin que sus madres sean penalizadas por abandono de persona y que puedan hacerlo en forma anónima. Además, reduce de 12 a 6 meses el tiempo en que los padres pierden la patria potestad en caso de no visitarlos.
Fuente: perfil.com